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La imputación de la infanta Cristina, en manos de tres magistrados

Tres magistrados de la Audiencia Provincial de Palma determinarán si se suspende o no la imputación de la infanta Cristina por blanqueo de capitales y fraude fiscal. Esta vez, el juez José Castro ha fundamentado ampliamente –en 277 páginas- la imputación de la hija del rey. Además, la Sección Segunda de la Audiencia, que anuló la primera imputación por tráfico de influencias el pasado mayo, dejó, no obstante, las puertas abiertas a que fuese investigada por los delitos de los que se la acusa ahora.

La primera imputación de la infanta Cristina quedó anulada en mayo del año pasado, por 2 votos a 1. Sin embargo, parece que esta vez los fundamentos del magistrado no ceden espacio a las interpretaciones.
227 folios, en los que el juez José Castro detalla la implicación de la infanta en Aizoon, la sociedad compartida con su marido, que el auto califica como una estructura creada para la comisión de delitos fiscales.
Al juez cuesta creer que la infanta no supiera nada de los manejos de su marido. Castro asegura en el auto "que hay sobrados indicios de que colaboró activamente con este". El juez es contundente y asegura que " Doña Cristina de Borbón y Grecia ha intervenido lucrándose en su propio beneficio y facilitando los medios para que lo hiciera su marido, mediante la colaboración silenciosa".
Castro aclara que "los delitos contra la Hacienda Pública que se imputan a Don lñaki Urdangarin Liebaert difícilmente se podían haber cometido sin el conocimiento y aquiescencia de su esposa por mucho que de cara a terceros mantuviera una actitud propia de quien mira para otro lado."
Así que para contrastar todas estas cuestiones Castro quiere preguntarle. Dice el juez que no es de recibo presumir que la infanta se lucró, suponer que lo desconociera y que no mereciera la pena preguntarle, algo que según el juez no va a hacer tambalear los pilares del Estado de Derecho, sino todo lo contrario.
La cita es el 8 de marzo. Los delitos que Castro imputa a la Infanta conllevan penas de hasta 11 años de cárcel.