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Más de 26 millones incautados por las fuerzas de seguridad en 2015 se encuentran custodiados en Juzgados de toda España

Un Real Decreto regula la manera de custodiar el dinero incautado en operaciones policiales
El dinero en metálico que incautan las Fuerzas de Seguridad del Estado en sus operaciones pasa a disposición de los tribunales, en la mayoría de los casos, del Juzgado que dirige la investigación en la que se produce la intervención policial. El dinero permanece bajo su custodia hasta que existe una sentencia firme. Si esa resolución judicial concluye que el dinero tiene un origen ilícito, entonces ya sí pasa a disposición del Estado.
Desde el millón de euros que encontró recientemente la Guardia Civil al presunto cabecilla de la 'operación Púnica', Francisco Granados, hasta los 25 millones que descubrió en 2011 la Policía a la banda de 'Los Miami' en dos zulos de su chalet de lujo en La Moraleja (Madrid), el dinero siempre ha seguido el camino que marca el Real Decreto por el que se regulan los depósitos y consignaciones judiciales en metálico.
Esto afecta a moneda metálica, billetes de banco, cheques bancarios o valores realizables, entre otros efectos. "Cuando se hayan intervenido cantidades en la práctica de diligencias acordadas judicialmente o que obedezcan a la existencia de un procedimiento judicial previo, se ingresarán aquéllas en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de dicho Juzgado o, en su caso, del Servicio Común Procesal correspondiente", detalla el artículo 10 del Real Decreto recogido por Europa Press.
En el caso del millón incautado a Granados, como el resto de dinero intervenido en las operaciones de la Guardia Civil en relación a la 'Operación Púnica', quedan bajo custodia del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que dirige la investigación.
En caso de que no exista constancia del Juzgado competente "se ingresarán en la Cuenta de Depósitos del Juzgado Decano o, en su caso, en la de aquel que se encuentre en funciones de guardia, dejando como referencia el número de registro de la actuación policial y el Cuerpo o Policía actuante".
Posteriormente, las cantidades que se encuentren ingresadas en las Cuentas de Depósitos y Consignaciones y que hayan sido incautadas, "una vez haya ganado firmeza la sentencia en la que se decrete su decomiso y adjudicación definitiva al Estado, serán transferidas por el secretario judicial a la cuenta especial de ingresos al Tesoro Público".
VEHÍCULOS, AVIONES Y EMBARCACIONES
Según los datos con los que cuenta el Ministerio del Interior, sólo en materia de lucha contra grupos de crimen organizado, las fuerzas de seguridad del Estado y las policías autonómicas se incautaron de 26,5 millones de euros durante el pasado año 2015. Además del dinero, durante las mismas actuaciones policiales se intervinieron 1.657 vehículos, 153 embarcaciones, 10 aviones, 899 ordenadores, 3.930 teléfonos móviles y 169 inmuebles. El valor total de todos estos bienes suma 128 millones de euros.
El destino de estos otros efectos materiales sigue un camino diferente cuando se trata lucha contra crimen organizado. En su caso viene regulado por una Instrucción de la Secretaria de Estado de Seguridad del año 2011 que fija un protocolo a seguir por la Policía y la Guardia Civil a la hora de vender o hacer uso provisional de bienes incautados en operaciones contra el narcotráfico y delitos relacionados. Afecta principalmente a medios de transporte (vehículos, embarcaciones, motocicletas, planeadoras...) empleados por los delincuentes en sus actividades.
Se establece que será el CICO (hoy CITCO) el organismo encargado de "elaborar un listado con los efectos intervenidos susceptibles de ser adjudicados, provisionalmente, a aquellas Unidades que lo soliciten, independientemente del Cuerpo al que pertenezcan", si bien especifica que tendrá preferencia la Unidad que realice la intervención. Estos listados serán actualizados cada mes y se remitirán a las Direcciones Adjuntas de la Policía y la Guardia Civil.
A partir de ahí, "las unidades interesadas en la adjudicación provisional de alguno de los medios de transporte u otros efectos intervenidos deberán dirigirse a sus Servicios Centrales, los cuales, de considerarlo adecuado, lo comunicarán al CICO y dispondrán lo conveniente para hacer efectiva su adjudicación".