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La instrucción del 'caso Quality Food' se reanuda este viernes con nuevos testigos llamados por la defensa de Osuna

El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz continúa este viernes con la instrucción del denominado 'caso Quality Food' con la declaración de tres testigos llamados por la defensa del exdelegado de la Zona Franca de Cádiz Miguel Osuna, quien está imputado por un presunto delito de malversación de caudales públicos.
Así lo ha indicado a Europa Press el abogado de Osuna, Felipe Meléndez, quien detalla que los testigos que declararán este viernes son el presidente de la Cámara de Comercio de Cádiz, Ángel de Juan, el abogado del Estado en la Zona Franca de Cádiz José Aurelio Ruiz Piña y un profesional que elaboró en su día un informe económico que entienden relevante para el caso.
Cabe señalar que Ruiz Piña ejerció recientemente la acusación particular en representación de la Zona Franca de Cádiz en el denominado 'caso Rilco', que, entre otros, sentó en el banquillo de los acusados a Osuna, que finalmente fue absuelto de los delitos que se le imputaban.
En total, el Juzgado de Instrucción número 3 aceptó 15 testigos propuestos por la defensa de Miguel Osuna tras su "sorpresiva" imputación --pasó de denunciante a imputado después de siete años de instrucción en los que, según viene declarando su abogado, "nunca se le había mencionado para nada" y justo en el momento en el que la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que ejerce la acusación particular, tenían que hacer su escrito de acusación--.
Algunos de esos 15 testigos ya declararon en julio y, tras la de este viernes, habrá una última ronda de testificales de la defensa el próximo día 16, cuando está previsto que declare, entre otros, José Manuel Fedriani, director general de la Zona Franca de Cádiz, que, aunque fue citado inicialmente como testigo, declarará finalmente en calidad de imputado por decisión del juzgado.
De esa manera, el empresario Manuel García Gallardo, quien dirigía la empresa Quality Food, dejó de ser el único imputado junto a algunos familiares en este proceso judicial por un presunto quebranto de unos 30 millones de euros para las arcas del Consorcio de la Zona Franca.