El fiscal general niega haber dado instrucciones para que los implicados en delitos fiscales ingresen en prisión

Así se ha pronunciado Torres Dulce en declaraciones en el Congreso, donde ha acudido a entregar al presidente de la Cámara Baja, Jesús Posada, el informe de la Fiscalía correspondiente al pasado año.

El responsable de Ministerio Público ha explicado que la única instrucción general que ha dado la Fiscalía en lo que se refiere a este tipo de delitos es que hay que mostrarse "firme y riguroso" en la persecución de los asuntos de corrupción tanto pública como privada.

Y es así, ha dicho, por un doble razón: por un lado por una "política criminal de persecución de un delito notorio" y, por otro porque los delitos de defraudación fiscal --"que implican que las Haciendas no reciben aquellos dineros que deberían recibir y que obviamente pueden ir a los Presupuestos Generales del Estado, que están sufriendo severos recortes"--, suponen un "hecho con una trascendencia de intereses sociales que el Ministerio Público tiene que proteger de conformidad con el artículo 124 de la Constitución".

EL MAYOR RIGOR POSIBLE

Tras esta puntualización, Torres Dulce ha insistido en que "no hay ninguna instrucción específica" salvo esta de carácter general de que "tanto la Fiscalía Anticorrupción como las de los delitos económicos se muestren lo más rigurosamente posible en la persecución de estos delitos".

Y, además, ha hecho hincapié en que "la determinación de ingresar o no en prisión depende de las características de los delitos, el montante, etc". En este sentido, el fiscal general ha querido dejar claro que el Derecho Penal no está para dar "más ejemplo que el cumplimiento de la ley".

"Si establecemos que en el Derecho Penal debe de procederse, sobre todo respecto de medidas cautelares, con un criterio de ejemplaridad nos estamos alejando de lo que son las medidas cautelares", ha advertido.

En este punto ha recordado que éstas, especialmente si implican privación de libertad, han de adoptarse "con el rigor previsto en la jurisprudencia constitucional". Es decir, ante delitos de "entidad grave" y si el acusado pudiera sustraerse a la acción de la Justicia, no comparecer a los llamamientos judiciales y manipular pruebas. "El principio general debe ser la libertad de las personas, que es un bien constitucional importante".