La oposición ve insuficiente el presupuesto de Justicia contra la corrupción, que se ha convertido en "deporte nacional"

Los grupos parlamentarios de la oposición han coincidido en el Congreso en que los presupuestos de Justicia para el próximo año conllevan una insuficiente dotación de medios humanos y materiales para acabar con la corrupción, que se ha convertido en un "deporte nacional" y en el "enemigo por antonomasia" del sistema institucional.

Así se han expresado todos los grupos de la oposición, salvo CiU que no ha citado el problema de la corrupción pero sí ha aprovechado para pedir al ministro Rafael Catalá que "influya" en solicitar el conflicto catalán desde el diálogo y no a través de la "judicialización".

El debate de las enmiendas al articulado presentadas al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año se ha convertido en un clamor para exigir medios contra los corruptos, mientras que el titular de Justicia se ha centrado en detallar las partidas de sus cuentas para 2015.

La portavoz del PSOE en Justicia en el Congreso, Rosa Aguilar, ha destacado que estos presupuestos "no sirven" para luchar contra la corrupción por la insuficiencia de medios humanos y materiales y ha lamentado que demuestran que la Justicia "no es una prioridad" del Gobierno.

Eso sí, ha acusado al Gobierno de "utilizar la Justicia para dar respuesta a problemas políticos, poniendo de manifiesto la incapacidad y la falta de voluntad del Gobierno en general y de su presidente en particular". Dicho esto, ha exigido más plazas judiciales y acabar con las "injustas e inconstitucionales" tasas, cuya recaudación no ha ido "ni un euro" a financiar la justicia gratuita.

En este sentido, el diputado de CiU Pere Macias ha exigido la derogación de la Ley de Tasas y ha criticado igualmente el "incumplimiento" del Estado al no repartir su recaudación a las comunidades para financiar el turno de oficio y otros servicios previstos por la ley de asistencia jurídica gratuita.

EL PP, HUNDIDO EN EL "FANGO" DE LA CORRUPCIÓN

Desde el Grupo Mixto, el diputado Sabino Cuadra ha lamentado que "meter la mano en la caja" se ha convertido en "deporte nacional, sobre todo en las altas esferas" y ha advertido de que el Partido Popular "se está hundiendo en el fango de la corrupción y lo pagará" en las próxima cita con las urnas.

La portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha instado a dotar de mayores medios a la Fiscalía Anticorrupción y a la Audiencia Nacional para combatir esta lacra, al tiempo que ha advertido de que con un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) repartido "a pachas" entre el resto de grupos es "imposible" acabar con la corrupción política. "Esto hay que cambiarlo, es un clamor democrático", ha exclamado.

En la misma línea, se ha expresado el portavoz de la Izquierda Plural en Justicia, Gaspar Llamazares, al afirmar que el "estancamiento" de estas cuentas públicas no permite luchar eficazmente contra el "enemigo por antonomasia" del sistema, que es la corrupción política.

A su juicio, la comparecencia sin preguntas del ministro de Justicia, Rafael Catalá, con motivo de la consulta del 9N en la que habló en un atril con dos micrófonos adheridos con celo pone de relieve la falta de medios en la Justicia. Además, ha expuesto que su antecesor Alberto Ruiz-Gallardón dejó una "Justicia en guerra civil" con todos los colectivos y no solo con los grupos parlamentarios, con los que "sencillamente" no hablaba.

Por su parte, el portavoz del PP en Justicia, José Miguel Castillo Calvín, ha emplazado a los grupos a sumarse al consenso abierto por el ministro y ha celebrado que el "esfuerzo y sacrificio" de ejercicios anteriores no ha sido en vano al permitir ahora inyectar más dinero en esta materia, siempre optimizando los recursos.

En su intervención, el ministro Catalá ha recordado que su departamento con Hacienda está trabajando en alternativas para que las comunidades autónomas financien los servicios de justicia gratuita y ha asegurado que se "garantizará" este derecho a colectivos especialmente vulnerables, como víctimas de violencia de género, de accidentes de tráfico con secuelas graves, de maltrato o discapacitados psíquicos.

El titular de Justicia ha dicho ser consciente de que los recursos presupuestarios son limitados y ha apostado por desarrollar la implmentación de las nuevas tecnologías en los juzgados y tribunales de toda la geografía española.