La mujer que interpuso la querella por terrorismo de Estado en Siria se reafirma en la ejecución ilegal de su hermano

Amal Hag-Hamdo Anfalis, la mujer que presentó la primera querella ante la Audiencia Nacional por terrorismo de Estado en Siria, ha declarado este lunes ante el juez instructor Eloy Velasco que su hermano, ejecutado en 2013, no pertenecía a la disidencia ni estaba metido en política sino que era transportista de profesión.

La mujer ha ratificado en calidad de testigo ante el magistrado el contenido de la querella presentada el pasado mes de febrero contra nueve miembros de las fuerzas de seguridad y de la inteligencia sirias por la presunta detención ilegal, tortura y ejecución de su hermano tras ser llevado a un centro de detención ilegal en Damasco.

Según han informado fuentes de la defensa, ésta ha precisado cómo su sobrino fue el primero que vio a través de Internet y gracias a los datos facilitados por la comunidad siria en el exilio, la noticia sobre la muerte del padre. Además ha identificado unas fotografías exhibidas por el tribunal y hechas por el régimen sirio a los detenidos tras su deportación a dicho centro.

Amal ha reivindicado la trascendencia de esta declaración, ya que se trata de la primera acción penal de justicia transnacional ante tribunales europeos para enjuiciar a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado sirio, no tanto por poder explicar lo ocurrido a su hermano sino porque esta acción está sirviendo de base para otras familias de cara a denunciar hechos similares, según dichas fuentes.

A preguntas del magistrado instructor y del representante del Ministerio Fiscal, la querellante ha concretado que su hermano, transportista de frutos secos, fue detenido en un puesto de control mientras cubría la ruta de reparto y ha incidido en que él no estaba interesado en temas políticos ni había manifestado su disconformidad con el régimen de Bashar al Asad.

En el auto en el que admitía su competencia para abrir una investigación, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 consideró --en contra del criterio de la Fiscalía-- que los hechos denunciados podrían ser susceptibles de delito de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, terrorismo y desaparición forzada.

CAMPAÑA DE DETENCIONES ILEGAL Y MASIVA

Velasco justificó su decisión amparándose en las diferentes resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que han condenado las violaciones de los Derechos Humanos en Siria así como el veto chino y ruso a la propuesta de remitir la situación a la Corte Penal Internacional, lo que provocó que se determinara la necesidad de aplicar "vías alternativas para obtener Justicia", incluyendo procesos en tribunales nacionales.

El magistrado destacó que el archivo fotográfico con más de 50.000 imágenes de personas ejecutadas en los centros de detención ilegal incluía "claras señales de tortura" y que del testimonio de los supervivientes se deduce que las condiciones en las cárceles son "inhumanas y degradantes".

"Los hechos denunciados responden a la implementación de un plan de seguridad terrorista desarrollado por altos cargos de las fuerzas de seguridad con el objetivo de sembrar terror e intimidad a la población civil mediante una campaña de detenciones ilegales masivas y la práctica de desapariciones forzadas y torturas", dijo Velasco en el auto.