El juez reanuda los interrogatorios y toma ya declaración a un empleado del empresario Marramiza

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha reanudado sobre las 10.20 horas los interrogatorios de los supuestos implicados en la red de cobro de comisiones ilegales a cambio de contratos desarticulada en la operación Púnica' y se encuentra ya tomando declaración a José Luis Huerta, uno de los empleados del empresario David Marjaliza, socio del ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados.

El instructor tiene previsto tomar declaración este jueves a 17 detenidos, entre ellos el presidente de la diputación de León Marcos Martínez y los cinco que han pernoctado en la cárcel de Soto del Real (Madrid) tras haber aplazado ayer su declaración y haberlos puesto a disposición judicial.

Se trata del director general de Cofely, Didier Maurice; el director comercial de la compañía, Constantino Álvarez de la Cueva; y otros tres empleados del empresario Marjaliza: el empleado Huertas y Eduardo de la Peña y Antonio Serrano.

Tres furgones de la Guardia Civil han trasladado desde las 9.00 horas a una quincena de detenidos en la supuesta trama de amaño de contratos públicos a la Audiencia Nacional, donde se espera recibir también al que fuera alcalde de Valdemoro y consejero de Transportes, Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y a su socio y amigo de la infancia David Marjaliza, quienes llegaron a amasar una fortuna millonaria en varias cuentas de Suiza con dinero supuestamente procedente de la promoción urbanística y la contratación administrativa.

Otros de los detenidos que deberán declarar hoy ante el juez son los alcaldes de las localidades madrileñas de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez (UDM), y de Valdemoro, José Carlos Boza. También comparecerán el empresario valenciano Alejandro de Pedro Llorca y el ex alcalde de Cartagena José Antonio Alonso.

PRISIÓN BAJO FIANZA PARA DOS ALCALDES

Velasco tomó declaración el jueves a los primeros doce de los 35 detenidos y dictó el ingreso en prisión eludible con fianza de 60.000 euros para el alcalde de Parla, José María Fraile (PSOE); su jefe de gabinete, Antonio Borrego; y el regidor de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP); y con una caución de 25.000 euros para Antonio Cándido Ruiz, empleado del supuesto "conseguidor" David Marjaliza.

El magistrado adoptó estas medidas a petición de la fiscal Anticorrupción Carmen García y después de más de ocho horas de interrogatorios. Velasco dejó en libertad bajo fianza de 40.000 euros al alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez, y al responsable de Obras Públicas de Parla, Avelino Pérez Pallarés, que tendrá que depositar 20.000 euros. Ambos tendrán diez días para abonar estas cuantías y evitar su ingreso en prisión.

Además, dejó en libertad sin medidas cautelares a otras seis personas: el alcalde de Casarrubuelos, David Rodríguez (PP); el consejero de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás; el técnico del Instituto de Turismo de Murcia Jesús Galindo Sánchez; el empresario Francisco Ruiz Valenzuela; el técnico de Serranillos del Valle Marco Durán y el concejal de Móstoles Alejandro Utrilla Palombi.

Los detenidos, a los que se imputan once delitos, entre ellos el de pertenencia a organización criminal, formaban "una trama organizada con perduración temporal y reparto de roles que, sacando provecho de relaciones personales e influencias políticas, ha logrado obtener de manera irregular la adjudicación de numerosos contratos públicos".

Las "redes clientelares de tráfico de influencias" desarticuladas en la 'operación Púnica', constituidas en torno a Francisco Granados, se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, según el auto dictado por el juez.

Velasco señaló que Granados formaba parte de "una red de tráfico de influencias apoyada por un entramado empresarial que hace uso de su capacidad de influencia actuando como conseguidores para terceras empresas a cambio de una comisión pactada".

La resolución judicial apuntó que las "autoridades municipales" detenidas "se han plegado a los intereses de los investigados hasta el punto de incurrir en facturación falsa, falsear informes técnicos que reflejarían actuaciones que en realidad no se han realizado o adjudicar trabajos sin contratos previos".

La investigación se inició a partir de una comisión rogatoria que las autoridades suizas cursaron el día de Nochebuena de 2013 tras detectar varias cuentas sospechosas de Granados; su esposa, Nieves Alarcón; el empresario y 'conseguidor' David Marjaliza; su mujer, Adela Cubas; y la sociedad Sheraton Trading.

Estas pesquisas, según el auto, han permitido "cerrar el círculo de la operativa de blanqueo en la que el dinero colocado en Suiza retorna después a España tras pasar por varios países bajo la apariencia de diversas operaciones de exportación".

La trama, que habría intervenido en adjudicaciones por valor de 250 millones de euros en los dos últimos años, tenía el objetivo de conseguir el lucro personal de los cargos públicos, pertenecientes a cuatro partidos distintos --PP, PSOE, IU y los independientes de la UDMA--, y no la financiación de sus respectivas formaciones.

La organización, que actuaba en Madrid, Murcia, Valencia y León, se habría dedicado a mediar entre empresarios y políticos con influencias en el ámbito municipal, regional y de la Diputación para conseguir contratos públicos en la gestión de servicios difícilmente objetivables como el de eficiencia energética. Según fuentes jurídicas, este sería el caso de la empresa Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez. A cambio los políticos recibían comisiones ilegales que se blanqueaban a través de un complejo entramado societario.