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El juez amplía a 18 meses las investigaciones sobre el amaño en las oposiciones de la Policía Local de Palma

El titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, ha acordado ampliar a 18 meses -a contar desde el pasado 6 de diciembre- las investigaciones en torno al presunto amaño en las oposiciones a oficial llevadas a cabo en 2012 en la Policía Local de Palma y que llevó a la Guardia Civil, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y por orden del juez José Castro, que se encontraba de guardia, a registrar en septiembre de 2013 las dependencias del cuerpo.
Mediante un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado señala que en esta causa se cumplen los requisitos establecidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para declarar complejas las pesquisas: La normativa establece seis meses de plazo máximo para instruir causas simples y hasta 18 para la investigación de los procedimientos más complejos.
La declaración de complejidad debe ser solicitada por el Ministerio Fiscal en cualquier momento antes de la expiración del plazo general de los seis meses.
Se trata, por tanto, de uno de los primeros procedimientos judiciales en ser declarados complejos en Baleares tras la última reforma de la LeCrim.
El juez ha estimado de este modo la petición del fiscal Miguel Ángel Subirán, quien se amparaba para ello en "razones de evidente peso material que justifican sobradamente la complejidad" de las investigaciones, lo que "se agrava por cuanto no se han implementado medios personales y materiales en la Administración de Justicia que posibiliten el correcto cumplimiento del plazo legal".
En su resolución judicial, el juez justifica además que las diligencias de prueba solicitadas por el Ministerio Público "pueden inferir la necesidad de otras nuevas diligencias probatorias o actuaciones procesales", motivo por el que ha acordado prorrogar la duración de la instrucción.
En el marco de estas pesquisas se encuentra imputado el exintendente jefe de la Policía Local de Palma Antoni Vera, quien negó en su día haber sido él quien filtró las preguntas de las pruebas que dieron lugar al supuesto amaño, y negó haber promocionado nunca dentro de la Policía a ningún agente adscrito a alguna ideología u organización en concreto. Vera presentó su dimisión en septiembre de 2013, tras estallar las investigaciones.
Se trata de unos hechos por los que, además, han sido encausados el exconcejal de Seguridad Ciudadana, Guillermo Navarro, así como el excomisario jefe de la Policía Local, Juan Mut, por supuestos delitos de coacciones y prevaricación en su intento de obstruir las investigaciones.
En el marco de estas pesquisas fueron además aportados diversos correos electrónicos que revelarían la manipulación en la asignación de plazas y un acuerdo previo con los beneficiarios.
En virtud de ello, el juez instructor, Manuel Penalva, imputó el pasado mes de octubre a los funcionarios Celia Martínez, Bárbara Bosch y Juan García, cuyos nombres figuran en los emails. En uno de los emails, a los que tuvo acceso Europa Press, una de las trabajadoras ahora imputadas llega a exclamar ante estas actuaciones: "¡Estamos muertos! ¡De aquí a los juzgados!".
SUPUESTAS EXTORSIONES A EMPRESARIOS
Las indagaciones derivaron posteriormente en otra línea de investigación que se encuentra bajo secreto en torno a una supuesta trama de corrupción urdida dentro de la Policía Local en forma de extorsiones a empresarios y realización de favores, principalmente en la zona de la Playa de Palma, con la connivencia de altos cargos políticos. La causa se encuentra desde hace meses bajo secreto sumarial.
Sobre estos hechos, el juez apunta a la comisión de delitos contra la salud pública, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas, uso de información privilegiada, coacciones, amenazas, extorsión y nuevos delitos de cohecho cometidos por numerosos agentes "señalados con nombres y apellidos" y cuyas conductas, afirma en varios de sus autos, "están como mínimo al borde del limite jurídico que traza el tipo penal de la sedición".
En varias de sus resoluciones, el juez detalla de forma pormenorizada las actuaciones ilegales desplegadas por los agentes investigados -hasta un total de quince se encuentran en prisión sin fianza-, a quienes se refiere como personas "sin escrúpulos" y "delincuentes indignos del uniforme que visten y que tienen por bandera la coacción, la amenaza, la extorsión y la intimidación".