El juez cita como investigados a tres ex altos cargos de la Junta y a un sindicalista por el ERE de Surcolor

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han informado de que el magistrado ha citado a declarar como investigados el día 6 de abril al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y al que fuera técnico de la Dirección General de Trabajo y director de Administración y Finanzas de IDEA Antonio Diz-Lois.

Asimismo, el juez Álvaro Martín ha citado a declarar como investigados el día 11 de abril a Juan Francisco Sánchez García, que también fue director de Administración y Finanzas de IDEA, y a José Hurtado Quirós, como secretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO en Sevilla.

De igual modo, y dentro de esta misma pieza separada, el juez instructor también ha citado a declarar durante el próximo mes de abril a seis testigos y dos peritos.

En un auto dictado el 26 de noviembre de 2015, la juez María Núñez Bolaños abrió la pieza separada relacionada con Surcolor y Surcolor Óptica e incluyó en la misma a 13 investigados, entre ellos cinco ex altos cargos de la Junta de Andalucía y el 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas.

De este modo, el Juzgado incluyó en esta pieza separada al exconsejero de Empleo Antonio Fernández y a los ex directores generales de Trabajo Juan Márquez, Francisco Javier Guerrero y Daniel Alberto Rivera, además de al ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, a los extrabajadores de Vitalia Jesús Bordallo y Antonio Albarracín.

"PERSONAS VINCULADAS AL PSOE"

La juez relata en el auto que fue a principios de 2006 cuando José Antonio Márquez, concuñado de José Acevedo y de Antonio Rivas, "toma conocimiento de la concesión por parte de la Junta de ciertas ayudas a personas vinculadas al PSOE, comentándole el propio José Acevedo que él mismo estaba disfrutando de tales rentas desde noviembre de 2003".

De este modo, y en "virtud de las relaciones personales existentes entre ambos", José Antonio Márquez "le pide ayuda al encontrarse en situación de desempleo", siendo remitido a José Antonio García Prieto, por aquel entonces concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Camas (Sevilla), "que es quien desde Camas organizaba la solicitud de tales ayudas".

"Prevaliéndose de su relación personal con Antonio Rivas, contacta con García Prieto, el cual le confirma estas ayudas existentes y que prepare su vida laboral y documentación personal, y que él mismo le concertaría una cita" con Guerrero "para pedir la ayuda", tras lo que José Antonio Márquez, "acompañado de José Antonio García Prieto y de otro afiliado al PSOE, Juan Manuel López Espadas, que también quería solicitar las mismas ayudas, se dirigen" a la entrevista con Guerrero "en su despacho" de Sevilla capital.

"FAVORECIDOS ILÍCITAMENTE"

Finalmente, y según el relato que hace la juez, le entregaron la documentación personal que portaban "a la salida de un bar cercano al encontrarse allí" Guerrero, dice la juez, que agrega que, posteriormente, éste ordenó a la mediadora de seguros Vitalia "que se introdujeran a estos dos favorecidos ilícitamente" en la póliza relativa a la ayuda sociolaboral de alguna empresa.

El 28 de junio de 2006, Guerrero remitió una "escueta" comunicación a la aseguradora Apra Leven "mostrando su conformidad para que se suscriba una póliza para 26 trabajadores de Surcolor, sabiendo, por indicación de Vitalia, que 24 eran los trabajadores de dicha empresa y que los dos restantes" eran José Antonio Márquez y Juan Manuel López Espadas.

La juez afirma que José Antonio Márquez, tras firmar el correspondiente certificado individual de adhesión a la póliza, "cobró en el mes de julio de 2006" un total de 6.380,65 euros, mientras que "luego estuvo cobrando una media de 1.300 euros mensuales hasta el 31 de enero de 2010, fecha de su jubilación, prestaciones que percibió junto al subsidio de mayores de 52 años".

"AJENOS" A LA EMPRESA

De su lado, López Espadas también suscribió el certificado individual de la póliza asociada a Surcolor, para la que "sabía que no había trabajado nunca", tras lo que "ha estado percibiendo algo más de 1.000 euros mensuales desde el 1 de julio de 2006, cantidad que añadía a las únicas prestaciones que legalmente le correspondían".

La juez indica que para la mencionada ayuda sociolaboral a los trabajadores de Surcolor, "en la que ilegítimamente" fueron incluidas las dos personas citadas, la Junta "comprometió el pago de una prima final" de 2.340.137,30 euros, pese a lo cual "no existió indiciariamente la menor cobertura legal a dichos compromisos de pago hasta la resolución de encomienda de ejecución de 21 de diciembre de 2009 dictada" por Juan Márquez.

A esta encomienda le siguieron otras dos firmadas por Daniel Alberto Rivera, prosigue la juez, que pone de manifiesto que todas ellas "incluyeron en el número de trabajadores de Surcolor a los dos ajenos a ella".