Declaran ante el juez los investigados por fraude en cursos de formación en Málaga

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada ante la Fiscalía por parte de la sección de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en la Seguridad Social que en varios informes policiales apuntaba a una supuesta falta de justificación de cursos de los planes de promoción del empleo del SAE con compromiso de contratación, y también de control posterior.

Estas pesquisas iniciales se centraron en presuntas irregularidades en 17 de las 20 empresas que obtuvieron subvenciones --por algo menos de dos millones de euros-- en la convocatoria del 15 de diciembre de 2010, aunque, posteriormente, las investigaciones se ampliaron a una segunda convocatoria, la del 4 de noviembre del mismo año, en la que se detectaron irregularidades en 10 subvenciones.

Las comparecencias que comienzan ahora, según han informado a Europa Press fuentes judiciales, se refieren a la primera convocatoria investigada, en concreto a responsables de las empresas y los cursos, y se prolongarán durante varios meses, incluyendo a testigos. En el caso de los citados para este viernes, éstos no habrían declarado ante los investigadores.

Asimismo, también serán citados funcionarios del organismo público encargado de conceder las ayudas para los cursos. Así, cuando la Fiscalía remitió las diligencias al juzgado para seguir investigando pidió que se citara como imputados a siete técnicos o responsables del SAE, entre ellos el que era delegado provincial de Empleo, Juan Carlos Lomeña.

Para el ministerio público, podrían existir "indicios de responsabilidad penal", en concreto, de los delitos de falsedad documental, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias.

Los investigadores de la UDEF relataban en los informes supuestas irregularidades que se habrían producido tanto previamente, como la falta de capacitación de empresas a las que se dieron fondos mediante convenio; y también posteriores, por el supuesto incumplimiento en la contratación del 60 por ciento de los alumnos, la falta de control o posibles falsedades en los partes de asistencia.

Los investigadores han venido manteniendo que se ha producido una "absoluta falta de control y seguimiento" posterior "por parte de los técnicos" responsables, ya que en algunos de los expedientes analizados estaban "sin contenido alguno", no existiendo "ni los documentos que deberían haber aportado la empresa en su caso ni aquellos que deberían haber emitido los técnicos".

Además, los agentes aluden a que esa situación también "fue constatada por alumnos, tutores y los propios empresarios detenidos" en sus declaraciones en la Policía. Según señalan, "no se ha podido constatar una prueba directa de connivencia" entre funcionarios y beneficiarios, "si bien existe una serie de indicios que hacen pensar que la misma pudiera haber existido".