Este lunes sigue el juicio a Muñoz, Roca y otros acusados por el caso 'Pinillo'

La vista oral comenzó la pasada semana con las cuestiones previas de las partes. Las defensas alegaron vulneración de derechos fundamentales, que se está produciendo un doble enjuiciamiento con el caso 'Malaya' y la prescripción de algunos delitos. La previsión del Tribunal es resolver este lunes algunas de estas cuestiones y que comience la declaración de los acusados.

También la pasada semana siete exediles se declararon culpables de un delito de prevaricación y aceptaron los ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público pedidos por la Fiscalía Anticorrupción. Se trata de los exconcejales Marisa Alcalá, Rafael González, José Luis Fernández Garrosa, Alberto García Muñoz, Tomás Reñones, Javier Lendínez y José Luis Troyano.

La Sala ha fijado por ahora 37 sesiones, con la previsión inicial de terminar la vista oral a finales de octubre. Esta causa, instruida en el Juzgado de Instrucción número 1 marbellí, es una de las abiertas por convenios tras una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de un informe de fiscalización del Tribunal de Cuenta.

Además del exalcalde de Marbella, que esta pasada semana ha conseguido el tercer grado penitenciario, y el cerebro del caso 'Malaya', Anticorrupción acusa a exfuncionarios municipales y a empresarios por la operación urbanística desarrollada en dicha finca, con la que se permitió la enajenación de patrimonio municipal, supuestamente, en beneficio de los acusados.

Así, en el escrito de conclusiones provisionales, se acusa en general por los delitos de prevaricación, negociación prohibida, alteración de subasta pública, alteración de precios, fraude, estafa, cohecho, contra la ordenación del territorio y falsedad.

A Roca se le acusa de los delitos de cohecho, por el que, además de prisión, solicita seis millones de euros de multa; estafa, fraude, maquinaciones para alterar el precio del bien inmueble, alteración de subasta, negociación prohibida a funcionarios y prevaricación administrativa. La acusación pública pide en sus conclusiones iniciales 15 años de cárcel para el exasesor.

En lo que respecta a Muñoz, se le acusa de los delitos de prevaricación administrativa con carácter continuado, alteración de subasta pública, maquinaciones para alterar el precio del bien inmueble finalmente adjudicado, fraude, estafa y prevaricación como miembro de un órgano colegiado. Por esto, el ministerio fiscal solicita inicialmente una pena de 11 años de prisión.

La acusación pública sostiene inicialmente que desde que llegó el grupo GIL al poder en Marbella "los acusados Julián Muñoz y Juan Antonio Roca, de forma concertada y con propósito de enriquecimiento injusto, gestionaron el patrimonio municipal en su propio beneficio y lucro personal o en el de terceros".

En este caso, la acusación señala que Roca promovió "la enajenación directa de bienes municipales y aprovechamientos urbanísticos creados con base en la revisión del PGOU, utilizando la figura de la dación en pago de deudas que había promovido previamente, mediante el otorgamiento de escrituras públicas con promotores previamente concertados".

LA FINCA

Inicialmente, se llevó a cabo un proceso de expropiación de la finca, que estaba gravada con un crédito hipotecario, para su integración en el Patrimonio Municipal de Suelo, con vistas a hacer un proyecto urbanístico, que entonces no se concretó, pero que luego se refería a un palacio de congresos, se explica. No obstante, cuando tuvieron el título de inscripción, la actuación municipal, decía el fiscal, estuvo "lejos de promover la utilidad pública".

Tras toda la operación, el ministerio público alude a una infravaloración de los terrenos que cifra en un total de 6,7 millones de euros.

Así, la Fiscalía Anticorrupción indica que Muñoz, "de común acuerdo con Roca", y "tras desapoderar los legítimos titulares de la finca 'El Pinillo', no sólo no promovieron la construcción del palacio de congresos que justificó la expropiación de dicha finca, sino que llevaron a cabo actos encaminados a transmitirla a terceros interesados en realizar una promoción inmobiliaria".

La finca pasó a ser urbanizable, "en claro perjuicio para el propio Ayuntamiento y respecto de sus anteriores propietarios". Posteriormente, el fiscal relata una serie de operaciones "encadenadas" de transmisión del crédito hipotecario "que la gravaba" y en las que Roca participó, según el escrito, como interlocutor del Ayuntamiento, pero también a través de empresas, administradas por otros acusados, para adquirir la deuda.