El juicio del caso 'Pinillo', con Roca y Muñoz entre otros acusados, llega a su recta final

Asimismo, si es posible comenzarán los informes finales tanto de las acusaciones como las defensas. La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga comenzó la vista oral el día 8 de marzo pasado con la idea de terminar a finales de octubre, pero finalmente los plazos se han adelantado y la previsión es que el juicio quede visto para sentencia antes.

Inicialmente, había 21 acusados, pero las defensas, en las cuestiones previas alegaron, entre otros aspectos, la prescripción de algunos delitos, lo que la Sala aceptó en lo que respecta a cuatro de los procesados, que quedaron fuera del proceso, con lo que el juicio ha continuado para el resto.

Además, en las primeras sesiones del juicio, siete exediles aceptaron los hechos y los ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público pedidos por la Fiscalía Anticorrupción. Fueron los exconcejales Marisa Alcalá, Rafael González, José Luis Fernández Garrosa, Alberto García Muñoz, Tomás Reñones, Javier Lendínez y José Luis Troyano.

Algunos de los acusados, como Julián Muñoz, han tenido permiso para no acudir a todas las sesiones del juicio. Este pasado lunes el exregidor sí ha ido, aunque no conducido como en otras ocasiones, al estar ya en tercer grado. No obstante, el Tribunal le ha vuelto a dispensar de ir hasta que no sea la última sesión, cuando podrá ejercer su derecho a la última palabra si así lo estima.

Esta causa, instruida en el Juzgado de Instrucción número 1 marbellí, es una de las abiertas por convenios tras una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de un informe de fiscalización del Tribunal de Cuenta.

La Fiscalía Anticorrupción ha venido sosteniendo que a través de la operación urbanística desarrollada en dicha finca se permitió la enajenación de patrimonio municipal, supuestamente, en beneficio de los acusados, a partir de la expropiación, subasta y posterior transmisión de los terrenos, que en el proceso se revalorizaron.

A Roca se le acusa de los delitos de cohecho, por el que, además de prisión, solicita seis millones de euros de multa; estafa, fraude, maquinaciones para alterar el precio del bien inmueble, alteración de subasta, negociación prohibida a funcionarios y prevaricación administrativa. La acusación pública pide en sus conclusiones iniciales 15 años de cárcel para el exasesor.

En lo que respecta a Muñoz, se le acusa de los delitos de prevaricación administrativa con carácter continuado, alteración de subasta pública, maquinaciones para alterar el precio del bien inmueble finalmente adjudicado, fraude, estafa y prevaricación como miembro de un órgano colegiado. Por esto, el ministerio fiscal solicita inicialmente una pena de once años de prisión.

La acusación pública sostiene inicialmente que desde que llegó el grupo GIL al poder en Marbella "los acusados Julián Muñoz y Juan Antonio Roca, de forma concertada y con propósito de enriquecimiento injusto, gestionaron el patrimonio municipal en su propio beneficio y lucro personal o en el de terceros".

La finca pasó a ser urbanizable, "en claro perjuicio para el Ayuntamiento y respecto de sus anteriores propietarios". El fiscal relata una serie de operaciones "encadenadas" de transmisión del crédito hipotecario "que la gravaba" y en las que Roca participó, según el escrito, como interlocutor del Consistorio, pero también a través de empresas para adquirir la deuda.