"Las lágrimas del juez Garzón son mis lágrimas"

Garzón, conocido en todo el mundo por haber logrado la detención de Augusto Pinochet en Londres, en 1998, abandonó el viernes la Audiencia Nacional española con lágrimas en los ojos, pero confortado por la solidaridad de cientos de personas que se congregaron frente a la sede judicial para darle su apoyo.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) había acordado horas antes suspenderle cautelarmente por estar imputado en tres querellas, una de ellas por presunta prevaricación al ordenar investigar los crímenes cometidos por el franquismo (1936-1975), ignorando la Ley de Amnistía de 1977.

En un texto escrito en su página web, Saramago afirma que si hace unos años el procesamiento de Pinochet fue "una de las mayores alegrías" de su vida, la suspensión de Garzón "por jueces que nunca procesaron a Pinochet ni oyeron a las víctimas del franquismo" es una de las noticias "más tristes y desesperanzadas" que ha recibido.

Saramago destaca que Garzón es "esclarecido, respetado y querido en todo el mundo" y merece ser defendido por "quienes, con todo tipo de argucias, no quieren una sociedad con memoria, sana, libre y valiente", concluye el escritor.

Al igual que Saramago también habló de "retroceso" Roberto Garretón, abogado chileno especializado en causas de derechos humanos, quien opina que la decisión del CGPJ significa "una frustración para las víctimas y un triunfo claro del fascismo español que puso en marcha esta maquinaria para deshacerse de Garzón", según dijo.

Se ha retrocedido en el derecho internacional, "ahora que se había empezado a avanzar" y "no sólo quedó sin trabajo" Garzón, sino que "quedó sin justicia España".

Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile, Lorena Pizarro, señaló que "es una muy mala noticia para el respeto de los derechos humanos, para el nunca más y un triunfo momentáneo y parcial de todos aquellos cómplices y ejecutores del terrorismo de estado en el planeta".

Desde Argentina, otro país donde la mano de la justicia penal internacional que defiende Garzón se hizo sentir, juristas y organizaciones humanitarias le manifestaron su respaldo.

"Es aberrante lo que están haciendo con nuestro querido juez Garzón. No puede ser que una persona de conducta intachable, que realmente ha defendido siempre los derechos humanos, sea suspendido porque ahora se ha puesto a defender la verdad de lo qué pasó con todas las víctimas del franquismo", indicó la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida.

"Es lamentable e injusto", aseguró el abogado argentino Ricardo Huñis, uno de los redactores de la demanda que solicita que se investiguen en Argentina los crímenes de la dictadura franquista. Para el jurista, la suspensión de Garzón "confirma" que los crímenes del franquismo no se están investigando en España como sugirió la Justicia argentina para rechazar la apertura de la causa.

Alrededor de un millar de personas se han adherido en Argentina a una campaña de apoyo al juez Garzón que lidera el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Garzón cuenta también con el apoyo del Gobierno de Argentina.

En Ginebra, Gerald Staberock, experto de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), señaló que la independencia de la Justicia está en riesgo si a un juez se le abre un proceso penal por haber interpretado una ley.Para el representante del CIJ, en cualquier Estado democrático la capacidad de interpretar una norma se encuentra dentro de las funciones "de un verdadero juez de instrucción".

La organización pro derechos humanos Human Rights Watch lamentó la suspensión cautelar del juez Baltasar Garzón, que, según afirma, convirtió a España "en un símbolo de justicia para las víctimas de todo el mundo".

"Ahora, la justicia misma se ha convertido en una víctima en España", dijo el consejero jurídico de la ONG, Reed Brody, en un comunicado enviado a la prensa.

Garzón ha pedido al CGPJ su traslado temporal a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, pero el órgano de gobierno de los jueces en España ha aplazado su decisión sobre esta petición.