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En libertad la sobrina del espía Paesa porque no hay "riesgo de fuga" aunque viva en Luxemburgo

La AN le impone una fianza de 100.000 euros en la causa que investiga el desvío de fondos en la venta de armas a la Policía de Angola
La Audiencia Nacional ha dejado en libertad bajo fianza de 100.000 euros a la abogada Beatriz García Paesa, sobrina del antiguo miembro de los servicios de inteligencia Francisco Paesa e imputada en la causa en la que se investiga el desvío de fondos en la venta de armas a Angola, al considerar que, a pesar de vivir en Luxemburgo, no existe "riesgo" de que se fugue y eluda la acción de la Justicia.
En un auto dictado este miércoles, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal acoge un recurso de apelación presentado por la defensa de Paesa argumentando que "el riesgo de fuga y el de ocultación o destrucción de pruebas" resulta "aminorado" por la actividad profesional que la imputada desarrolla al frente de un despacho de abogados en el país centroeuropeo.
Su defensa sostuvo en la vista en la que se examinó su petición de libertad que García Paesa ha declarado nueve veces ante la policía del Gran Ducado desde que se inició la investigación, que "siempre ha colaborado" con la Justicia y que, si quisiera "alterar, ocultar o destruir" pruebas, ya habría "consumado" sus propósitos.
La letrada está imputada por los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales contra la Hacienda Pública, cohecho, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y falsedad documental en la causa que instruye el juez Pablo Ruz por el supuesto desvío de un contrato de 152 millones de euros destinado a equipar a la Policía Nacional de Angola, suscrito por una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por la compañía Defex, participada por la SEPI, y la comercial Cueto 92.
TRANSFERENCIAS A FAMILIARES DE FUNCIONARIOS
Ruz envío a García Paesa a prisión el pasado 14 de julio tras atribuirle la constitución y gestión de varias empresas radicadas en las Islas Vírgenes británicas, desde las cuales se realizaron "múltiples transacciones dinerarias" a favor de "familiares y funcionarios públicos angoleños y de sociedades relacionadas con los querellados".
En la causa también están imputados el expresidente de Defex José Ignacio Encinas Charro, que abonó este martes una fianza de 50.000 euros; el consejero delegado de Cueto, Juan Carlos Cueto Martín (100.000 euros); el exdirectivo de Defex Ángel María Larumbe (30.000 euros); el directivo de la empresa Manuel Iglesias-Sarria; y la esposa de Cueto, Yciar de Iraola.
El pasado 26 de septiembre Ruz imputó otros cinco delitos a Defex como persona jurídica. Su actual presidente, Fernando Aguilar Viyuela, declarará el próximo 7 de octubre junto con un representante de Cueto.
TRANSFERENCIAS MILLONARIAS A LUXEMBURGO
En el auto en el que decretaba las prisiones, dictado el pasado 12 de julio el juez explicaba que la UTE Cueto-Defex transfirió a un banco de Luxemburgo 41,4 millones de euros sin razón comercial o actividad mercantil aparente alguna. Según el juez, los imputados "confeccionaron de forma aparentemente inveraz facturas y adendas a los contratos que permitiesen justificar tales desvíos de fondos al extranjero".
Como beneficiarios últimos del dinero figuran los propios acusados y familiares de funcionarios públicos de la República de Angola. El magistrado presume de forma indiciaria que los directivos de Defex y Cueto imputados se concertaron con funcionarios angoleños para, a través del contrato de suministro de material a la Policía, llevar a cabo una apropiación patrimonial ocultada, desviada al extranjero mediante un complejo entramado societario desde paraísos fiscales.
La trama fue desarticulada a través de la bautizada como 'Operación Angora', en la que fueron detenidas una decena de personas. El resto de los arrestados quedaron en libertad con la imposición de fianzas y medidas cautelares que incluían la retirada del pasaporte y la obligación de comparecencia en el juzgado cada semana.