El juez mantiene en libertad a Miguel López, yerno de la viuda del expresidente de la CAM

López permaneció en prisión provisional del 10 de febrero y hasta el pasado 20 de marzo como presunto autor de los dos disparos que causaron la muerte de su suegra el 9 de diciembre de 2016.

El auto del juez, con fecha de ayer miércoles, lo ha dado a conocer este jueves el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), y en él se desestiman los recursos contra la libertad de López planteados por la fiscalía y por la acusación particular.

El juez recuerda que, según la doctrina del Tribunal Constitucional, las medidas cautelares que implican privación de libertad deben contar con una motivación "suficiente y razonable" y "ponderando adecuadamente" el derecho a la libertad y "los intereses en juego".

En ese sentido, recuerda que se le impuso una fianza para eludir la prisión --de 150.000 euros--, la prohibición de salir de España, y la obligación de comparecer periódicamente ante el juez. Asimismo, indica que en cuanto al riesgo de fuga debe contemplarse la situación personal de López, y que, aunque en un primer momento, se impuso la prisión provisional, el "transcurso del tiempo modifica" el valor del tipo de delito y la gravedad de la pena.

Y subraya que también se le impuso la prohibición de acceder a las instalaciones del concesionario que gestionaba Miguel López y en el que fue hallada muerta su suegra.

Por todo ello, el juez dice no compartir que su resolución de libertad bajo fianza sea contradictoria con el auto que imponía la pena de prisión provisional del 10 de febrero.

Además, precisa que la prohibición de acercarse al concesionario pretendía evitar "la posible, tácita y permanente presión" de López, como superior directivo, sobre los trabajadores; y que, en el auto de libertad no se apreciaba "peligro de reiteración delictiva", en referencia al hecho de que López vive en una vivienda contigua a la de sus cuñados.

Por todo, se desestima el recurso contra la libertad de Miguel López, contra el que cabe recurso de apelación en cinco días.