35 miembros de Batasuna aceptan condenas de hasta 2 años de cárcel tras reconocer su subordinación a la banda

Un total de 35 miembros de la reconstruida Batasuna, el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV) han aceptado condenas que oscilan entre año y medio y dos años de cárcel por pertenencia a organización terrorista, tras haber reconocido haber sido "instrumentalizados" por parte de ETA.

El juicio, que comenzó el pasado diciembre con casi un año de retraso tras la detención de tres abogados de los acusados en la operación 'Mate' contra el frente de cárceles de ETA, ha finalizado antes de lo previsto al haber alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia (DyJ), que pedía sendas penas de diez años de prisión por pertenencia a organización terrorista.

En el pacto alcanzado con la Fiscalía y las acusaciones populares, los procesados reconocen que sus actividades fueron contrarias a la legalidad y muestran su "compromiso con la renuncia a cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia, queriendo que este reconocimiento contribuya a la reparación a las víctimas del terrorismo por el daño y sufrimiento que se les ha causado".

Según el texto del acuerdo, al que ha tenido acceso Europa Press, la ejecución de las penas será suspendida habida cuenta del "reconocimiento de los hechos y de voluntad de reparar a las víctimas del terrorismo". Las condenas han sido reducidas con la atenuante de dilaciones indebidas, al haber transcurrido más de cinco años desde el escrito de acusación hasta el inicio del juicio oral.

Entre los acusados, figura el histórico dirigente de Batasuna Pernando Barrena, o la ex alcaldesa de Mondragón (Guipúzcoa) Inocencia Galpasoro, que han sido condenados a un año y ocho meses de prisión; o la exdiputada de PCTV Nekane Erauskin, a quien se ha impuesto año y medio de cárcel.

A la salida de la Audiencia Nacional, Pernando Barrena ha subrayado la apuesta de todos los acusados por "la exclusividad de las vías políticas y democráticas para alcanzar cualquier objetivo político" y ha celebrado que este acuerdo ha servido para conseguir su "objetivo de no volver a ingresar en prisión".

INHABILITACIÓN PARA CARGOS PÚBLICOS

Las penas impuestas son ligeramente superiores a las que el Tribunal Supremo impuso a 20 miembros de la ilegalizada Batasuna, entre los que se encontraban Rufi Etxeberria y Joseba Permach, que alcanzaron el año y diez meses de prisión por financiar a ETA y sus organizaciones satélite a través de las 'herriko tabernas'.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha leído este miércoles en vista pública las penas que incluyen penas de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos de ámbito municipal, provincial, estatal y europeo por el tiempo que duren sus condenas.

En concreto, Haizpea Abrisketa, Jesús María Aguirre Arruabarrena, Egoitz Apaolaza Goena, Alazne Arocena Oruezabala, Karmele Berasategui, Nekane Erauskin, Antón Gómez Lorente, Ignacio Olalde Arana y Juan Carlos Ramos Sánchez han sido condenados a un año y medio de cárcel más su respectiva pena de inhabilitación especial.

Por su parte, el tribunal ha impuesto a Nuria Alzugaray, Aitor Aranzabal, Karmele Aierbe, Iñigo Balda, Pernando Barrena, Gorka Díaz, Mikel Etxaburu, Maite Fernandez de la Bastida, Inocencia Galparsoro, Peio Asier Imaz, Eusebio Lasa, Aurore Martin, Patxi Urrutia y Joseba Zinkunegi la pena de inhabilitación y prisión durante un año y ocho meses.

Las mayores penas, de dos años de cárcel con su respectiva inhabilitación, han recaído sobre Marisa Alejandro, Angel Mari Elkano, Marije Fullaondo, Jon Garai, Gorka Etxeberria, Aner Petralanda, Juan José Petrikorena, Joana Reguerio, Arantza Santesteban y Mikel Zubimendi.

Todos ellos han reconocido los hechos objeto de acusación basados en que se encargaron de contribuir a la estrategia de ETA para lograr que ésta pudiera mantenerse en las instituciones, tras la ilegalización de Batasuna, a través de los diferentes procesos electorales celebrados entre 2005 y 2009.

En este sentido, los fiscales Vicente González Mota y Dolores Delgado, junto con las acusaciones populares, destacaban la "sumisión" de esas formaciones políticas a las directrices marcadas por , que desarrolló una estrategia que giraba entorno a "tres formas de lucha", la política-institucional, la lucha de masas, y la lucha armada.