La operación contra Herrira se salda con 15 detenidos, registro de sedes, cierre de webs y bloqueo de cuentas bancarias

La operación ha sido llevada a cabo por agentes de la Jefatura de Información de la Guardia Civil y de los Servicios de Información de las Comandancias de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, con el apoyo de otras Unidades de la Guardia Civil.

Según Interior, Herrira es "sucesora de Gestoras Pro Amnistía / Askatasuna y próxima a la banda terrorista ETA". Los arrestos se han producido en el transcurso de una reunión interna de su 'Dirección Nacional', que se estaba celebrando en la localidad guipuzcoana de Hernani.

Posteriormente la Guardia Civil ha procedido a registrar las sedes que Herrira tiene en Hernani (Guipúzcoa), Bilbao (Vizcaya), Vitoria (Álava) y Pamplona (Navarra).

32 PERFILES DE TWITTER Y 125 DE FACEBOOK

La operación se ha llevado a cabo bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción, número 6 que dirige el juez Eloy Velasco y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha decretado el cierre de 32 perfiles en Twitter, 125 perfiles en Facebook y 38 páginas webs, además del bloqueo de las cuentas bancarias utilizadas por Herrira.

Desde que en el año 2009 la izquierda abertzale llevó a cabo su giró estratégico para volver a las instituciones de forma paralela realizó una renovación de las distintas plataformas de su entorno. Un lavada de cara en la que Herrira vino a sustituir a Etxerat en la organización de manifestaciones, elaboración de comunicados, recibimientos a presos que salían de la cárcel, homenajes a etarras fallecidos, cartelería, campañas de presión.

Herrira fue también la plataforma que se encargó de gestionar la comunicación en torno al etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga durante el tiempo que estuvo ingresado en el hospital San Sebastián. Su responsable Jon Garay llegó incluso a declararse en huelga de hambre en solidaridad con el secuestrados del funcionario de prisiones, José Antonio Ortega Lara.

Esta operación se produce apenas dos días después de que el Ministerio del Interior respondiese al último comunicado de ETA diciendo que lo único que espera de la banda es su disolución al tiempo que advertía a la izquierda abertzale de que "la legalidad no significa impunidad".