El padre de una víctima pide investigar a la juez del caso Elizarán: "Mi hijo defendió la ley tanto o más que ella"

Antonio Salvá, el padre de uno de los dos últimos guardias civiles asesinados por ETA, ha reclamado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que abra un expediente disciplinario e investigue a la juez Carmen Lamela por su gestión en el caso del ex jefe etarra Aitor Elizarán, quien se encuentra procesado por un delito de lesa humanidad por la muerte de su hijo y está en libertad desde que Francia le entregara el pasado 4 diciembre.

"Mi hijo asesinado por ETA, y la única razón por la que comparezco aquí y formularé recurso contencioso e iré hasta el Tribunal Constitucional o hasta donde haga falta, defendió como guardia civil con su vida tanto o más este Estado de Derecho que la señora jueza denunciada, compañera de profesión del señor promotor", señala en un recurso, al que ha tenido acceso Europa Press.

El padre del agente Diego Salvá, que la organización terrorista asesinó en el cuartel de Palmanova el 30 de julio de 2009, ha recurrido ante la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces el archivo de la queja acordado el pasado jueves por el promotor de la Acción Disciplinaria Antonio Fonseca-Herrero.

Antonio Salvá insta al CGPJ a actuar con una "mínima seriedad" y advierte de que interpuso el 28 de diciembre su queja y, sin embargo, el promotor "absuelve a la juez de hechos que todavía no ha denunciado" relacionados con la puesta en libertad de Elizarán. "Me parece completamente rechazable la absolución preventiva que se le quiere dar aquí a la señora Lamela", añade.

EL ESTATUTO DE LA VÍCTIMA GARANTIZA LA INFORMACIÓN

Dicho esto, el recurrente recuerda que su queja se refiere al "trato desigual" que ha recibido y la "falta de consideración" que tanto él como José Antonio Sáenz de Tejada, padre de Carlos Sáenz de Tejada asesinado también en Palmanova, han recibido en la Audiencia Nacional al haberles "denegado información durante semanas, incluso a pesar de ser parte" y tener el derecho a la información reconocido en el Estatuto de la Víctima.

Esta parte critica la "negligencia" con la que se ha actuado en el tema de Elizarán y denuncia que hubo un "contacto" entre el juzgado y la defensa del terrorista en virtud del cual este se entregaría de forma inminente para participar en una vista el 14 de diciembre sobre su situación personal.

A este respecto, señala que en ningún momento se dio traslado a las partes de los pasos dados en el órgano judicial, por lo que tuvo que cursar varias protestas formales.

"Es decir, siempre y en todo caso solo tras tales insistentes protestas y ya varias semanas después de los contactos con el terrorista de la fallida intervención en domicilio, de todo lo cual a los abogados del terrorista si se les daba conocimiento, y mis abogados no, durante semanas", señala.

SE LE ATRIBUYEN CINCO ATENTADOS

Elizarán fue procesado en octubre por el antecesor de Lamela, Juan Pablo González, junto a otros cuatro antiguos jefes de ETA por lesa humanidad. Su sucesora en el Juzgado Central de Instrucción número 3 desgajó en diciembre la causa ante la ausencia de "nexos de conexidad" entre los distintos atentados investigados.

En concreto, Aitor Elizarán está procesado por lesa humanidad, delito que lleva aparejada la pena de prisión permanente revisable, por su participación en cinco atentados. En concreto, los cometidos contra el brigada del Ejército de Tierra Luis Conde, el empresario Ignacio Uria, el inspector de Policía Nacional Eduardo Puelles y los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá.

Elizarán estaba considerado el máximo responsable político de ETA cuando fue detenido, junto a su compañera Ohiane San Vicente, en Carnac (Bretaña francesa) en octubre de 2009. Además, era miembro del comité ejecutivo de ETA y el encargado de transmitir las instrucciones de la organización terrorista a la 'izquierda abertzale'.