Los partidos prevén para julio la ley de consultas y enviarla al Consejo de Garantías de Cataluña

Los partidos catalanes han acordado este miércoles el calendario para elaborar la nueva ley de consultas, que podría estar lista a principios de julio, para mandarla luego al Consejo de Garantías catalán Estatutàries para que evaluara si es constitucional y estatutaria antes de ser votada en el pleno.

Fuentes parlamentarias han explicado a Europa Press que CiU, ERC, PSC e ICV-EUiA avalan llevar juntos la norma al órgano consultivo, mientras que el PP se reserva el derecho de hacerlo por su cuenta, ya que entiende que sus motivo para llevarla al Consejo no tienen por qué coincidir con los del resto.

Si se cumple el calendario previsto, la ley se abordará en seis sesiones que van desde el 30 de mayo, tras las elecciones europeas, hasta el 4 julio, fecha a partir de la que se podría enviar al Consejo de Garantías para que emitiera dictamen.

El órgano tiene 30 días para pronunciarse, aunque puede hacerlo con menos tiempo, por lo que la ley podría llegar al último pleno del mes de julio antes de cerrarse el período de sesiones o podría dejarse su debate final para el nuevo periodo de sesiones, ya en septiembre.

Normalmente, el curso de plenos tras las vacaciones comienza con el Debate de Política Generala a finales de septiembre, por lo que, si no se convoca antes un pleno específico, la ley de consultas podría aprobarse en el primer pleno de octubre.

CONSULTA DEL 9N

CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP sostienen que la ley podría servir para convocar la consulta prevista para el 9 de noviembre, mientras PSC, PP y C's niegan esta posibilidad y advierten de que este camino es inconstitucional.

Los partidos soberanistas argumentan que la norma sería el marco legal que buscan para la consulta, sobre todo desde el 'no' del Congreso a traspasar la competencia a la Generalitat.

Además, esgrimen que es factible aprobarla en septiembre y que sirva para convocar la consulta del 9 de noviembre, menos de dos meses más tarde.

Los contrarios a este escenario esgrimen que el Estatut deja claro que el gobierno catalán puede convocar consultas "en el ámbito de sus competencias", lo que no incluye preguntar por la independencia de Catalunya.