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En libertad con cargos dos personas detenidas por el desalojo de la Corrala Utopía

Al menos dos de las tres personas detenidas este domingo en el marco del desalojo de las familias que habitaban sin título alguno en la Corrala Utopía de Sevilla, en los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, y las posteriores movilizaciones protagonizadas por este colectivo, se encuentran ya en libertad después de haber comparecido en sede judicial, según han informado a Europa Press fuentes del movimiento social '15M' y de la Policía Nacional. Se trata de dos varones que han quedado en libertad con cargos por atentado a la autoridad y desobediencia, en cada uno de los casos.
El primero de los detenidos fue Carlos, un joven arrestado durante el propio desalojo de estas viviendas propiedad de 'Ibercaja', y ha quedado en libertad pero con cargos por un presunto delito de atentado a la autoridad. En el marco del amplio cordón policial desplegado en torno al edificio de viviendas, el joven se acercó en efecto a un grupo de agentes y, mientras se le atribuye un presunto delito de atentado contra la autoridad, el movimiento '15M' defiende que simplemente se encaró con los agentes, llamando "sabandija" a uno de ellos.
El segundo de los detenidos se llama José Luis y fue arrestado después de que las familias y sus partidarios intentasen encerrarse en la Catedral de Sevilla, donde esta persona se habría negado a abandonar el templo como le ordenaban los agentes. La Policía Nacional contabiliza, además, a un tercer detenido.
El desalojo, consumado a través de un numeroso y amplio despliegue policial, concluyó con la expulsión del colectivo de familias que habitaba estas viviendas pese a carecer de título alguno. La Policía Nacional contabiliza el desalojo de 20 adultos y cinco menores de edad, mientras la Consejería de Fomento y Vivienda señala que actualmente son necesarias 22 viviendas para realojar a este grupo de personas sobre las que pesaba desde el pasado mes de enero una orden de desalojo promovida por el Juzgado de Instrucción número tres merced a las peticiones de 'Ibercaja'. Ya en febrero, la citada instancia judicial había dictado un nuevo auto reclamando a las fuerzas de seguridad del Estado el cumplimiento efectivo de la orden de desalojo.
LA CORRALA UTOPÍA
Se trata del grupo de familias que habitaba sin relación contractual alguna el bloque de viviendas de nueva construcción y renta libre ubicado en los números dos, cuatro y seis de la avenida de las Juventudes Musicales, cuya propiedad ostenta 'Ibercaja' a través de la sociedad inmobiliaria 'Residencial Murillo'.
Las viviendas en cuestión fueron ocupadas en mayo de 2012 por estas familias alegando su difícil situación socioeconómica y la necesidad de contar con un techo. Las familias, en ese sentido, esgrimían que su reivindicación no era otra que contar con alquileres sociales para habitar estas viviendas a cambio de cuotas ajustadas a su situación socioeconómica, mientras 'Ibercaja' ha puesto sobre la mesa su programa de respaldo al alquiler de viviendas 'Llaves solidarias", incluido en su obra social para facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a familias con dificultades para acceder a este mercado.
LA 'CORRALA UTOPÍA'
Si bien en la primavera de 2013 mediaba un principio de acuerdo entre estas familias y la propiedad del edificio para realojar en otras viviendas a las familias que acreditasen un estado de verdadera "necesidad", extremo que motivó entonces que 'Ibercaja' solicitase la suspensión de su petición de desalojo forzoso, dicho pacto no llegó a buen puerto a excepción del caso de unas ocho familias que sí se acogieron a los términos del acuerdo. Mientras ambas partes se acusaban mutuamente de incumplir los términos del pacto, la propiedad de las viviendas reactivó su petición de desalojo forzoso.
Entretanto, el Juzgado de Instrucción número tres había ido tomando declaración a todos los miembros del colectivo de familias por un presunto delito de usurpación, instando en todos los casos al desalojo voluntario de las viviendas. Finalmente, esta instancia judicial notificaba a finales de enero un auto ordenando el "desalojo forzoso" de las viviendas y en febrero reclamó ya que las fuerzas de seguridad del Estado diesen cumplimiento a dicha orden, extremo consumado el domingo.