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La policía denuncia amenazas de muerte tras su intervención en la JMJ

La Confederación Española de Policía (CEP) y el Sindicato Profesional de Polícia (SPP) han denunciado amenazas de muerte e intentos de localizar domicilios de agentes que formaron parte del dispositivo desplegado en las calles de Madrid durante la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). Así, el secretario general del Sindicato Unificado de Policías (SUP), Felipe Brihuega, ha manifestado que considera que el Ministerio del Interior "ha cedido ante la presión mediática" al abrir expediente por falta grave contra tres policías de la por su actuación en la carga contra la concentración laica. Por otro lado, Lorenzo Nebrera, vicesecretario general de la Confederación Española de Policía (CEP) ha manifestado que Interior ha tomado "una decisión de cobardes".
Según han informado el SPP y la CEP, los funcionarios lamentan la "labor de ensañamiento" que se está produciendo con determinados "compañeros", todo ello tras la creación de diferentes soportes informáticos en Internet.
Asimismo, han criticado la difusión masiva de imágenes y datos de los policías, además de que se les imputen delitos "sin prueba alguna" como el de tortura o asesinato.
Ante esta situación, la Confederación Española de Policía ha adoptado diferentes medidas contra estas "campañas delictivas" en la red y van a desarrollar una actividad de vigilancia permanente de los diferentes soportes que Internet pone a disposición de los ciudadanos.
También, han asegurado que internet no puede convertirse en un escenario de impunidad, en el que cualquier persona amparada en el anonimato pueda cometer todo tipo de delitos, mientras "critica el trabajo del Cuerpo Nacional de Policía". Por último, han confirmado que la actuación policial durante la Jornada Mundial de la Juventud ha sido "digna de elogio" mientras que un órgano judicial no decida lo contrario mediante sentencia firme.
 
Tres expedientes disciplinarios
El Ministerio del Interior ha abierto expedientes disciplinarios por falta grave a tres agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) al considerar que se extralimitaron en sus funciones durante la carga policial posterior a la concentración laica del pasado miércoles en Madrid.

En opinión, del secretario general del Sindicato Unificado de Policías (SUP), Felipe Brihuega, "no es justificable pero sí es entendible" que en un momento dado haya habido agentes que se hayan podido "extralimitar" como consecuencia de haber "estado sometidos a insultos, vejaciones, escupitajos, etc".

"También la policía tiene vídeos de personas que se extralimitan con los agentes. Se les escupe o se les mea", ha asegurado Brihuega, al tiempo que ha pedido que también se saquen esas imágenes y que ha preguntado "por qué ante la presión mediática no se defiende a los policías de otra manera". "Quieren acallar a la opinión pública", ha afirmado.

El representante del SUP ha concluido señalando que al Ministerio del Interior "se le ha ido" este tema "de las manos" y, ante la "presión mediática, esto es lo que se le ha ocurrido".
Por otro lado, el vicesecretario general de la Confederación Española de Policía (CEP), Lorenzo Nebrera, ha manifestado a Europa Press que el Ministerio del Interior ha tomado "una decisión de cobardes". "Lo fácil es lo que ha hecho la Policía ha instancias del Ministerio y del PSOE, que es quien ha iniciado esta caza de brujas. A Nebrera le sorprende esta decisión "después de tres meses en los que se ha estado vulnerando la Ley de Reunión y Manifestación" en las calles de Madrid.
Desde el lado de los manifestantes
Desde el otro lado, el presidente de Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores (AMAL), Luis Vega, ha opinado este miércoles que "es una buena noticia" la apertura de expedientes disciplinarios a tres agentes de la Unidad Intervención Policial (UIP) por extralimitarse en sus funciones.
Vega ha señalado a Europa Press que este hecho significa "ir por el buen camino", aunque ha puntualizado que "lo importante es cómo terminar". Además, a su juicio esta decisión "confirma de una vez que lo sucedido es una mala actuación del Gobierno", pues "la policía no actúa si no está autorizada".