El juez prorroga un mes más el secreto sobre la pieza que investiga el presunto amaño de contratos

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un comunicado, en el auto, notificado este martes a las partes, el instructor justifica su decisión en el hecho de que aún no se ha procedido al volcado de los dispositivos informáticos intervenidos por la Guardia Civil en los distintos registros domiciliarios practicados el pasado mes de enero.

El magistrado, de conformidad con el fiscal, considera que la nueva prórroga es "necesaria a efectos operativos", si se tiene en cuenta el volumen de información, los medios con los que cuentan los agentes y las dificultades de traslado y coordinación.

A este respecto, el juez confía en que durante el próximo mes de vigencia de la prórroga se pueda practicar esa diligencia. En ese tiempo, espera recibir también los informes realizados por la Benemérita sobre el material ya analizado.

El volcado sucesivo de la información no implica, según se recoge en el auto, un retardo del análisis de la misma, porque la limitación de medios personales hace que hasta que no se concluya el trabajo con los documentos ya volcados no se puede acometer la misma labor sobre la restante.

Esta circunstancia no impide que el Juzgado siga practicando diligencias en las dos piezas que no están bajo secreto, en las que se investigan hechos susceptibles de enjuiciamiento separado, explica el instructor.

Hasta el momento, el 'caso Imelsa' se estructura en una pieza principal, en la que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunitat --Diputación, Ayuntamiento y Generalitat-- y en dos piezas separadas.

Por una parte, la del blanqueo en el consistorio valenciano, en la que se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores del grupo municipal 'popular', cantidad que presuntamente les devolvía el partido en dos billetes de 500 euros, con el objetivo de blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita y la de las contrataciones e indemnizaciones irregulares en la empresa pública.

En esta causa, que nació en abril de 2015, se investigan los delitos de malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo.

En Imelsa hay 115 investigados --personas físicas y jurídicas-- por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales en relación con una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.