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Las prostitutas de los clubes de Piélagos y León trabajaban en condiciones "extremas" y tenían "miedo"

El dueño de los locales rectifica su declaración inicial en la que decía ser un propietario "pantalla"
Las prostitutas de los clubes de Piélagos y León a cuyos responsables juzga esta semana la Audiencia de Cantabria trabajaban en condiciones "extremas" y tenían "miedo", según declaró una de ellas ante la Policía y el Juzgado de Instrucción.
El testimonio de este mujer, ya fallecida, se ha reproducido en la sesión de este martes del juicio que se sigue contra cinco personas acusados de conformar una red de trata de blancas en La Aguada de Piélagos y el A-3 de Ponferrada, contra quienes se pide penas que suman 63 años de prisión (30 de ellos sólo para el presunto cabecilla).
La mujer relató entonces cómo, "sabiendo a lo que iba", fue contactada en Paraguay a través de personas que se dedicaban a localizar chicas y ponerlas en contacto con responsables de clubes en España. Les facilitaban el viaje, y, a su llegada, ya debían 2.600 euros, que debían ir devolviendo con su trabajo en el club.
De todo eso les informaban en el aeropuerto, cuando acudían a recogerlas, en este caso, el principal acusado, J.M.C., y su pareja, M.M.G., prostituta en uno de los locales, también procesada en esta causa.
La testigo, fallecida, señaló además como propietario de los locales a J.M.C., que es el principal acusado (el Ministerio Fiscal pide 30 años de cárcel para él), pero que en la primera jornada del juicio aseguró que sólo era el contable de los clubes y que era "como un padre" con las chicas.
El verdadero propietario, M.J.F., también acusado, ha prestado declaración este martes, y lo ha hecho para desdecirse de lo que en su día admitió en otras instancias, que él era un propietario "pantalla" para ocultar a J.M.C., quien fue el que junto a otra mujer, le arrendaron el establecimiento de Piélagos. El acusado ha justificado este cambio en su versión a que en ese momento estaba "nervioso".
Durante la sesión celebrada en la Sección Tercera, uno de los letrados de las defensas, Miguel A. Cocero, ha apuntado que la verdadera propiedad del local pertenecía a otro empresario hostelero, al que ha citado con nombres y apellidos, y que posee negocios similares en la zona de Cabezón de la Sal.
UNA DEUDA QUE CRECÍA
La testigo ha enumerado algunas de las prácticas que sucedían en su interior, como los insultos, agresiones o el incremento constante de la deuda que habían contraído, ya que se las cobraba por la limpieza de las sábanas, por los preservativos, no veían el dinero que pagaban los clientes.
A esto se sumaba que se las imponían multas que llegaban a los 130 euros, por determinados conceptos, como las salidas del local sin permiso o hablar por el teléfono móvil, todo mientras se las hacía trabajar incluso aunque "tuvieran la regla".
Frente a esto, el dueño. M.J.F. ha defendido que las mujeres "salían solas" y no eran amenazadas ni agredidas.
El acusado a cuyo nombre figuraban los locales ha declarado que cuando los alquiló a sus propietarios --en la gestión del de Piélagos estuvo el contable, procesado en la causa, junto a otra mujer--, ha dicho que no sabía que dentro se ejercía la prostitución, aunque lo imaginaba.
Ha reiterado que el local era en realidad un hostal en el que se alojaban las chicas, ante cuya presencia acudían mayoritariamente hombres, que tomaban copas en el local, y, llegado el caso, acordaban relaciones con ellas.
Por su parte, la pareja del principal acusado --el contable--, ha criticado la actuación policial en estos casos, ya que, según ha denunciado, los agentes llegaban a maltratar y amenazar a las chicas en lugar de protegerlas, pues lo que pretendían era que denunciaran a cambio de que se regularizara su situación en España.
Todos los acusados han coincidido en señalar como propietario a M.J.F., frente a la tesis del Ministerio Fiscal, que apunta como principal responsable de la red al contable de los locales.
M.J.F. era quien hacía los contratos, según ha declarado uno de los camareros E.T.M., también acusado, cuya hermana era una de las chicas del local. Otro procesado, J.A.P., pasó de ser cliente habitual a trabajar para el club, en labores de mantenimiento, y ha negado que presenciara agresiones o amenazas.
En la misma línea, un testigo, encargado del local de Ponferrada tampoco vio nunca amenazas, o agresiones. Y ha precisado que cuando llevó en una ocasión en coche a dos de las chicas a Santander, no estaba ayudando a escapar a las que se acabarían convirtiendo en denunciantes en este proceso.