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El juez rebaja de 4 millones a 200.000 euros la fianza a Pablo González

Lo hace teniendo en cuenta su estado de salud y que el caso Mercasa, por el que se le investiga, queda fuera de Lezo
El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha rebajado la fianza impuesta a Pablo González, en prisión por su implicación en la trama Lezo, de cuatro millones a 200.000 euros, debido principalmente a que la investigación del caso Mercasa en la que está implicado es competencia del magistrado José de la Mata.
En su escrito, el juez razona que las circunstancias que llevaron a acordar su ingreso en prisión el pasado 21 de abril han variado "sustancialmente" por lo que, de acuerdo con el criterio de Anticorrupción, se le rebaja la cuantía impuesta en un primer momento por el juez que comenzó la instrucción del caso Lezo, Eloy Velasco. Su defensa ya había solicitado una rebaja de la cuantía fijada a 100.000 euros.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional considera "especialmente importante" su inhibición de la denominada pieza Mercasa (una de las seis que hasta ahora integraba la investigación del Canal Isabel II) en favor de De la Mata, que investiga en otra pieza las operaciones de esta empresa. Igualmente, se ampara en los problemas de salud del hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid y presunto cabecilla de Lezo, Ignacio González.
El juez asegura que los partes médicos aportados por la parte se suman a la conjunción de circunstancias que motivan la rebaja de la fianza a 200.000 euros además del arraigo acreditado de Pablo González que hace que disminuya el riesgo de fuga.
Precisa que disminuye el riesgo de destrucción de pruebas debido al avance de la investigación en las piezas de Lezo relativas al blanqueo de capitales y a Tecnoconcret, sociedad de la que es administrador y que consiguió ser la adjudicataria de un proyecto de construcción de dos campos de golf en Chamberí pese a no ser la que más puntos tenía.
DECLARACIÓN ANTE EL JUEZ
En su declaración ante el juez De la Mata la pasada semana, Pablo González negó haber cobrado comisiones ilegales con la firma de un contrato de Mercasa para montar un mercado mayorista --de la manera de Mercamadrid o Mercasevilla-- en Luanda, capital de Angola.
Durante cuatro horas de declaración -que coincidió con la que prestó su hermano Ignacio González ante el juez del caso Lezo-- el acusado se desvinculó del asunto y precisó que él entró a gestionar Mercasa tras la firma del contrato suscrito con la administración pública angoleña por más de 500 millones de euros.