La jueza rechaza imponer fianza al acusado localizado en Londres al considerar "desdibujado" el riesgo de fuga

La magistrada, al igual que el ministerio fiscal, considera que 'Chanín' no quebrantó ninguna medida cautelar porque la retirada de pasaporte no le impide viajar al extranjero y estima que, pese a enfrentarse a penas de diez años de cárcel, no ha mostrado intención de eludir la acción de la Justicia y el riesgo de fuga está "desdibujado".

Así, de conformidad con el criterio de la fiscal, ha decidido mantener para García la situación de libertad provisional acordada en noviembre de 2011. La instructora rechaza la petición de las acusaciones de imponer una fianza de un millón de euros por considerar que a pesar de la gravedad de las penas a las que se enfrenta, el "riesgo de fuga queda muy desdibujado ante la evidencia de que, incluso tras haberse decretado la apertura de juicio oral y haberse formulado graves acusaciones contra el mismo, las medidas de control adoptadas (*) se han mostrado suficientes para hacer un pronóstico verosímil sobre la falta de intención del encausado de eludir la acción de la justicia".

En un auto notificado facilitado por el Tribunal Superior de Justicia, la jueza explica que García no quebrantó ninguna medida cautelar al viajar a Londres porque no existía ninguna resolución judicial que le prohibiera salir ni del territorio nacional ni del espacio Schengen.

El acusado, que se enfrenta a peticiones de penas de hasta diez años de cárcel como cooperador necesario de los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad, seguirá privado de su pasaporte y tendrá que seguir compareciendo semanalmente en el juzgado hasta que la Audiencia Provincial de Valencia celebre el juicio.

En la pieza principal del 'caso Emarsa', cuyo juicio quedó en suspenso el pasado mes de noviembre tras la detención de uno de los empresarios investigados que había permanecido huido desde el principio de la instrucción, están acusados por delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo, prevaricación administrativa y falsedad en documento mercantil, exdirectivos de Emarsa, de Emshi (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos), de Epsar (Entidad Pública de Saneamientos Residuales) y varios empresarios. El agujero en la gestión de la depurado se cifró en 23.766.765,50 euros.