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La red Gürtel ya había enraizado en Madrid

El sumario del caso Gürtel ha destapado las maniobras de la trama dirigida por Francisco Correa para lograr la adjudicación de cientos de contratos en la Comunidad de Madrid y en Ayuntamientos gobernados por el PP, ganándose el favor de sus responsables políticos con regalos de lujo y comisiones en metálico.  Las empresas de la trama lograron también la organización de buena parte de los eventos electorales del PP, entre ellos las campañas municipales y autonómicas de Madrid de 2003, las generales de 2004, los comicios europeos de ese mismo año y el Congreso Regional del PP también en 2004. Algunos de esos actos fueron financiados por la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), vinculada al PP, que figura en la contabilidad opaca de la trama como cliente.
Uno de los informes judiciales incluidos en la parte del sumario sobre la que se ha levantado el secreto cifra en 367 las operaciones que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre realizó con las empresas de Correa y concluye que todas ellas menos tres se tramitaron como contratos menores, lo que permitió que se adjudicaran directamente.
En la Comunidad de Madrid, el principal "contacto" de la red era el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo, quién, según reconoció el propio Correa ante el juez, les obligaba a facturar por debajo de los 12.000 euros para que la contratación se pudiera conceder sin concurso público.
Con este sistema de facturación, que según el informe vulneró la normativa de los procedimientos de contratación, la trama consiguió organizar, entre otros actos, la celebración del ascenso del Getafe a Primera División, un homenaje a voluntarios del 11-M en 2004, el Premio Internacional de las Artes en 2005, la Cumbre Flamenca en 2006 y el stand de la Feria Integra Madrid en 2008.
Pero López Viejo, a quien la organización entregó 286.000 euros entre 2004 y 2007, según consta en la caja B de la red, no es el único que se ve comprometido en el sumario. A él se suman otros que también ocuparon responsabilidades institucionales con Aguirre, como el ex viceconsejero de Inmigración Carlos Clemente o los diputados autonómicos Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, a quien Correa llegó a pagar parte de los gastos de su boda, incluido el viaje de novios a la Polinesia.
Según el sumario, fueron también cuantiosos los beneficios que pudieron obtener los ex alcaldes de Boadilla del Monte, Arturo González Panero; Majadahonda, Guillermo Ortega; Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepulveda, o de Arganda del Rey, Ginés López, a quienes Correa regaló ropa y calzado, relojes, billetes de avión, viajes y vehículos de alta gama.
Los informes policiales han puesto en evidencia las grandes sumas de dinero que estos responsables políticos recibieron de la red Gürtel, que gracias a sus "favores" se garantizó un notable volumen de negocio en los Ayuntamientos madrileños.
El cobro de comisiones se realizaba mediante entregas de dinero en efectivo que personas de las empresas adjudicatarias de los contratos entregaban a Correa, y en lugares que éste utilizaba habitualmente para sus reuniones por considerarlos "seguros", entre ellos el hotel Gran Meliá Fénix de Madrid.
Las empresas de la trama lograron también la organización de buena parte de los eventos electorales del PP, entre ellos las campañas municipales y autonómicas de Madrid de 2003, las generales de 2004, los comicios europeos de ese mismo año y el Congreso Regional del PP también en 2004.
Sombras sobre Fundescam
Algunos de esos actos fueron financiados por la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), vinculada al PP, que figura en la contabilidad opaca de la trama como cliente. Fundescam pagó por actos electorales del PP en Madrid a empresas de Correa, según se refleja en un informe policial.
Un detalle que para el Partido Socialista de Madrid (PSM) confirma la financiación irregular de este partido, ya que sostiene que la fundación había recibido donaciones de empresas que tenían contratos con la Administración regional.
Esto contravendría el artículo 4 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, que establece que estas formaciones no podrán aceptar o recibir, "directa o indirectamente", donaciones de empresas privadas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras para las administraciones públicas, organismos públicos o empresas de capital mayoritariamente público.
El PSM ha anunciado hoy mismo que va a pedir la imputación de 45 altos cargos de la Comunidad que aparecen relacionados con la trama de corrupción en el sumario.