Una sentencia firme del TSJ de CyL obliga a demoler en un plazo de tres meses los 'miniapartamentos' ilegales de Segovia

Además, condena a la empresa promotora, Hontanilla de Santo Domingo S.A, titularidad del exconcejal del PP Ángel Sancho y participada por el exdiputado 'popular' Manuel González Herrero, así como al arquitecto Tomás Arranz Sanz, a pagar sanciones de 210.000 y 122.500 euros respectivamente.

Según la resolución, que este jueves ha dado a conocer la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, el juez considera como falta administrativa muy grave el intento de construir viviendas para estudiantes en suelo rústico de especial protección.

Por ello, ha confirmado la decisión del Ayuntamiento y ha acordado la demolición de las viviendas con el fin de que las obras se ajusten a la licencia concedida. El derribo de estos alojamientos, que se pretendían destinar a los estudiantes de la antigua Universidad SEK, tendrá que ser asumido por la empresa en un plazo de tres meses, si bien el Ayuntamiento lo afrontará de manera subsidiaria.

En este caso, el Consistorio reclamará posteriormente el importe de los trabajos a la promotora, según ha avanzado en declaraciones recogidas por Europa Press la regidora, quien ha calificado como una "estupenda noticia" para Segovia la sentencia puesto que finalmente se verá restablecida la legalidad urbanística y supone un ejemplo para "aquellos que por intereses privados pretenden saltarse a la torera las normas que protegen los derechos de los ciudadanos".

En una sentencia anterior, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Segovia ya decretó la demolición de los 'miniapartamentos' al considerar que carecían de interés público alguno y tras constatar que se dio un destino vividero a estas construcciones con vistas a una modificación del planeamiento urbanístico futuro.

Además, sancionó a la empresa constructora y el arquitecto con multas de 40.500 y 23.625 euros, respectivamente, cuantías ambas rebajadas con respecto a la propuesta del Consistorio, que pidió sanciones de 540.000 y 315.000 euros y optó por tanto por recurrir las cantidades.

Ángel Sancho, quien dimitió por esta polémica que saltó a la esfera pública en 2006, se desvinculó del caso y llegó a asegurar que él no era propietario de la promotora cuando surgió el escándalo, al tiempo que atribuyó el problema urbanístico a la concesión de la licencia, que a su juicio fue "lesiva".

En una sentencia dictada en enero del pasado año y por falta muy grave, el TSJ condenó no obstante tanto al exconcejal como al resto de artífices a pagar una sanción de 350.000 euros, hasta la fecha la multa más cuantiosa interpuesta en Segovia en el ámbito urbanístico, según aseguró entonces el que fuera alcalde, Pedro Arahuetes.

El Tribunal estimó que los promotores ejecutaron la obra con intención "perversa" y de forma "maliciosa" y estableció unidad de criterio en futuros procesos judiciales vinculados a este caso. Aquella resolución se completa ahora con el nuevo fallo que obliga a demoler los alojamientos.