La jueza separa la parte del hospital de Haití de la del resto de subvenciones a ONGs

Así consta en un auto, con fecha 8 de abril, y que se refiere a la pieza 2 del 'caso Cooperación'. La primera, en la que se investigaban presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones por parte de la extinta Consejería de Solidaridad a la Fundación Cyes en el año 2008 para proyectos en Nicaragua, ya ha sido juzgada y se espera que se dicte sentencia en los próximos días. La pieza 2, que ha estado paralizada mientras se juzgaba la primera pieza del procedimiento, ha recibido un impulso y la magistrada ha acordado dividirla en otros dos procedimientos, por lo que la causa general sumaría un total de tres piezas.

Estos dos procedimientos serían, por un lado (pieza 2), los presuntos delitos cometidos con ocasión de la concesión y gestión de subvenciones en materia de cooperación al desarrollo a distintas ONGs durante los años 2009, 2010 y 2011 --delitos de fraude de subvenciones, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental--. Al respecto, se investiga la utilización que hizo la Fundación Hemisferio de pequeñas ONGs --Fudersa, Ceiba o Esperanza sin Fronteras, entre otras-- para conseguir subvenciones de la extinta Consejería de Solidaridad.

Por otro lado, se abriría ahora la pieza 3, referente a supuestos delitos cometidos con ocasión de las acciones institucionales aprobadas para la reconstrucción de Haití tras el terremoto --delitos de fraude de subvenciones, prevaricación, malversación y falsedad--. La Fundación Hemisferio recibió 175.000 euros de la Consejería para asesora técnicamente sobre la construcción de un hospital en Haití, en el que la Generalitat iba a invertir otros cuatro millones de euros, pero no lo llegó a realizar al hacerse pública una investigación sobre estas ayudas.

La magistrada acuerda dividir estas dos investigaciones (pieza 2 y 3) para "simplificar y activar el procedimiento" sin entrar a valorar, por el momento, otras cuestiones que, en hipótesis y de futuro, pudieran plantearse en el ámbito estrictamente material y punitivo.

Al respecto, la instructora señala: "nos hallamos ante objetos procesales conexos, que lo son complejos y materialmente escindibles, y en presencia de motivos poderosos de simplificación. De ahí la división". Una división que --agrega-- "viene amparada, incluso exigida, cuando los riesgos de ruptura de la continencia de la causa carezcan de entidad suficiente, por una doctrina jurisprudencial ya reiterada sobre los beneficios inherentes a la desconexión procesal".

LOS IMPUTADOS

La pieza 2 sumaría un total de 23 imputados, entre ellos Rafael Blasco. Junto a él, se encuentran otros exaltos cargos de la Administración valenciana: Tina Sanjuán, exsecretaria general de la Consejería de Solidaridad; Josep María Felip, exdirector general de Cooperación; Marc Lllinares, exjefe de Área de Cooperación; y María Dolores Escandell, exjefa de Servicio.

Así mismo, está imputado el considerado presunto cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni, -único en prisión-; su mujer, Alina Indieikina -también vicepresidenta de las empresas Indra Holding and Consulting Corporation-; y el hermano de Tauroni, Arturo, también director de la Fundación Hemisferio.

Junto a ellos se encuentran otros empresarios y responsables de pequeñas ONGs: Carlos Andrés Chust, administrador de Chust Alzira; Rafael Pedro Barrera, presidente de la organización Fudersa; Fernando Cañete, administrador de esta última mercantil; Joaquín Blasco Prieto, trabajador de GSC, una de las empresas de Tauroni; y Rafael Joaquín Blasco Segura, imputado por el cobro de facturas a través de la empresa Desfa.

Además, están acusados en esta pieza José Bollaín Pastor, letrado que figura como firma autorizada en ocho de las 14 cuentas, pertenecientes a cinco ONG, todas menos Hemisferio; Luis Fernando Castel, responsable de empresa evaluadora Caaz; María Isabel Castillo, mujer de Cañete y exsecretaria de Tauroni; Fernando Darder, presidente de la organización Esperanza Sin Fronteras; y Alfonso Navarro, administrador de Arcmed y presidente de Hemisferio.

Junto a ellos, figuran como imputados los siguientes empresarios: Rosa María Castelo, empresaria que cobró supuestamente facturas falsas a través de las empresas Beconsa y APB arquitectura; Miguel Climent, propietario de Monribar-Caf; Luis Alfonso Freire, administrador de APIMA Ingenieria S.L.; José Luis Mezquita, administrador de Matuscas; y Félix Sanz Pardo, administrador único de la empresa Gestión Solar Pobla y apoderado en las cuentas de las empresas Moriban-Caf y Visión y Análisis de Imagen.

La tercera pieza suma un total de 12 imputados: Rafael Blasco; María Dolores Escandell; Josep María Felip; Marc Llinares; Tina Sanjuán; Augusto Tauroni; su hermano Arturo; Joaquín Blasco; Luis Fernando Castel; Fernando Darder; José Luis Mezquita; y Alfonso Navarro.

NUEVAS DILIGENCIAS

En base a esta división de piezas, la magistrada requiere la práctica de nuevas diligencias, entre ellas, solicita al Interventor Territorial de Valencia y al Inspector de Hacienda del Estado que presenten informes separados sobre las subvenciones de la Generalitat y las acciones relacionadas con la catástrofe humanitaria de Haití.

Así mismo, solicita a la Consejería de Bienestar Social un expediente de contratación; información sobre cuentas abiertas por la Fundación Hemisferio --antes Entre Pueblos--; y sobre los permisos cursados a Presidencia por altos cargos de la extinta Consejería de Solidaridad para viajar a Haití y a República Dominicana en los años 2010 y 2011.

También pide a la Consejería de Presidencia que "a la mayor brevedad" le remita todas las facturas y justificantes de dietas y viajes realizados a Haití y a República Dominicana por parte de autoridades, funcionarios, personal técnico o asistencias técnicas en 2010 y 2011. Igualmente, todos los permisos --otorgados o denegados-- cursados por Presidencia a altos cargos de la Consejería para viajar en esas fechas a ambos destinos.

Por último, en la misma providencia, la instructora acuerda sobreseer la causa --tras requerirlo el ministerio fiscal-- contra Christinne-Bernadette Nnomo, responsable de la ONGD Asade África, al entender que no existen motivos suficientes para mantener su imputación en este procedimiento.