La juez acuerda sobreseer una causa sobre el delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Córdoba

Según recoge el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada toma la decisión conforme a la petición de la defensa y el informe del fiscal, única acusación de la causa, "ya que por el momento no resultan indicios de que tuviera participación en el delito investigado".

En concreto, recuerda que el presente procedimiento se incoó en virtud del decreto del fiscal de enero de este año y posteriormente se "acordó tomar declaración como imputados entre otros y por un presunto delito de malversación a José Ignacio Expósito".

Con fecha 24 de febrero, se le tomó declaración, al tiempo que su defensa solicitó el sobreseimiento de la causa respecto del mismo. Tras el traslado al Ministerio Público, este "informó en el sentido de no oponerse al sobreseimiento provisional de la causa respecto de dicho imputado".

Mientras, en la jornada de este lunes declara como imputado en el citado juzgado el que fuera anterior delegado provincial de la citada Consejería de la Junta Antonio Fernández Ramírez, y la semana pasada ya pasaron ante la juez dos directores generales de Calidad de los Servicios para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), de los que uno de ellos se negó a declarar y el otro sí lo hizo, según informaron fuentes judiciales.

Cabe destacar que Expósito, quien prestó declaración el martes pasado, en calidad de imputado sobre su gestión en los citados consorcios, pidió "el sobreseimiento de la causa" respecto a él, ya que, según alegó, no llegó a intervenir en los hechos que se investigan.

"NO TUVO INTERVENCIÓN ALGUNA"

En el escrito presentado, Expósito, "a la vista del contenido del Decreto de Remisión de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Andalucía de 9 de diciembre de 2014, en el que se contiene una pormenorizada relación de los hechos objeto de investigación", del que el delegado tuvo conocimiento un día antes de declarar, aclaró al juzgado que ocupa "el cargo de delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Córdoba desde el 31 de julio de 2012".

Expósito subrayó en su escrito el hecho de que "todos los hechos que son objeto de investigación son anteriores" a la fecha en la que tomó posesión, ya que "el último de ellos es todo lo relativo a la concesión de 94 subvenciones excepcionales a los 94 consorcios para las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico, que serían concedidas por Resolución del consejero de Empleo y presidente del SAE de 11 de diciembre de 2012".

En concreto, según destacó Expósito en su escrito al juzgado, "esta subvención fue solicitada en el ámbito de la Delegación Provincial de Córdoba el 29 de junio de 2012".

En consecuencia, según argumentó el letrado de Expósito en su escrito, el delegado "no tuvo intervención alguna en la adopción de las citadas subvenciones que se solicitaron con fecha anterior al inicio del ejercicio de su cargo, y fueron decididas por el consejero en atención a dichas solicitudes".

Al respecto, el Ministerio Público remitió el caso al juzgado tras la denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) y se investiga "la posible existencia de hechos que podrían constituir delito de malversación de caudales públicos", según recoge el decreto del fiscal.

En dicho decreto, se requiere a cada uno de los alcaldes de los ayuntamientos que integran los ocho consorcios de las Utedlt en la provincia que aporten toda la documentación existente presentada para la justificación de las subvenciones concedidas, entre 2010 y 2012, al tiempo que el fiscal pide declaración de las actuaciones de los presidentes de dichos consorcios.

MÁS DE 57 MILLONES DE EUROS

Según el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), que denunció los hechos, el Fiscal Superior de Andalucía "ordenó seguir adelante con la investigación penal abierta por la denuncia de SAF", que solicitó que se investigara el contenido del informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre ayudas concedidas a consorcios y que se esclarecieran posibles irregularidades.

El SAF ya explicó que el Fiscal Superior de Andalucía dictó un decreto de remisión que ordenaba continuar con la investigación en cada una de las provincias afectadas. Según el fiscal, durante los años 2010, 2011 y 2012 el Servicio Andaluz de Empleo concedió ayudas por una valor de 57,3 millones de euros a los 95 consorcios Utedlt de Andalucía, de los que ocho son de la provincia de Córdoba.

Además, en el informe previo de la Cámara de Cuentas se concluye que "un 2% de las personas seleccionadas no estaban inscritas en el SAE como demandantes de empleo" y que en un 48% de los casos no había mediado convocatoria pública. "Es más, los directores recibían incentivos, indemnizaciones y salarios de miles de euros".