Los acusados por las tarjetas 'black' piden anular el juicio por prescripción del delito

José Antonio Choclán, abogado defensor del miembro de la Comisión de Control, José María Buenaventura, ha precisado ante el tribunal que la ley establece un máximo de 5 años para la prescripción y ha citado la jurisprudencia del Tribunal Supremo que valida este plazo.

En su opinión, el Ministerio Público ha intentado obviar este punto bajo la excusa de la comisión por parte de los usuarios de los plásticos de un delito continuado que se prolongó en el tiempo. "No por esa circunstancia los plazos han sufrido modificaciones", ha defendido y agregado que las normas de prescripción están perfectamente establecidas y no pueden alterarse en aplicación de este supuesto.

NUEVA PRUEBA

Por otra parte, el abogado del directivo de Caja Madrid y Bankia Ildefonso Sánchez Barcoj, ha impugnado la nueva prueba presentada por Bankia al inicio del juicio y en la que se recopilan nuevos correos electrónicos relativos a la emisión y gestión de las tarjetas y ha manifestado que la presentación de dichos correos es "absolutamente improcedente".

Anticorrupción acusa a Barcoj de ocuparse de la gestión de las tarjetas y dar instrucciones a través de sus secretarias al departamento de emisión de los plásticos para su emisión, cuando este papel correspondía al Comité de Medios. Su letrado ha asegurado que el banco nacido por la fusión de las cajas no es el propietario legítimo de esta información. "Es un simple ocupante --decidan si con 'c' o con 'k'-- de los gastos de Caja Madrid, ha destacado.

El que fuera director financiero de Caja Madrid ha defendido que los gastos efectuados por el uso de las tarjetas opacas no tuvieron reflejo en el patrimonio de Caja Madrid y ha solicitado al tribunal que aparte a Bankia-BFA, y al Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) como acusación particular porque no existe causa legítima para que se personen como víctimas.

Durante su turno de palabra, el letrado del que fuera mano derecha del expresidente de Caja Madrid entre 1996 y 2010, Miguel Blesa, ha argumentado que solo Caja Madrid podría presentarse como víctima de los presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida que se le atribuyen a los 65 titulares de los plásticos que hoy se sientan en el banquillo de los acusados, pero no a Bankia, puesto que la entidad vio la luz años después de que se autorizaran las tarjetas.

DESVINCULA A BANKIA

En concreto, ha precisado que los gastos de las 'black', que ascienden a un total de 12,5 millones entre los años 2003 y 2015, solo pudieron afectar al saldo de Caja Madrid y, por ello, solo ella ostentaría legitimación para ejercitar la acusación penal y ha hecho hincapié en que "las pérdidas acaecidas" en el seno de Bankia se produjeron "sin ninguna relación de causalidad con las tarjetas" opacas.

La representación procesal del exdirectivo ha solicitado que la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri aporte a la causa el informe derivado de una auditoría en la que, en su opinión, la entidad daba soporte contractual a las tarjetas opacas. En dicho documento se identificaron dos contratos de las tarjetas emitidas, por un lado el relativo a los miembros del Consejo de Administración y Comisión de Control y, por otro, a directivos, consejeros y ejecutivos que también dispusieron de un plástico.