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En auge el tráfico de armas prohibidas como las que compró el 'norcoreano' Cao de Benós

El bajo precio y que no sea necesario tener licencia de armas activa un negocio que se expande a numerosos países
El tráfico de armas prohibidas como las que se intervinieron al representante no oficial de Corea del Norte en España, Alejandro Cao de Benós, se ha convertido en un negocio en auge a nivel internacional, según advierte la Guardia Civil en un comunicado en el que informa de la operación en la que fue desarticulara una trama dedicada a estas actividades en España.
Se trata de la organización a la que compró varias armas Cao de Benós y por la que fue detenido el pasado martes este hombre que se presenta como portavoz del régimen de Kim Jong-un. Tras pasar ante el juez, ayer miércoles quedó en libertad provisional acusado de un supuesto delito de posesión ilícita de armas.
A la red, cuyo cabecilla estaba instalado en Murcia, se le han intervenido 123 armas que habían sido compradas en el extranjero y modificadas para su venta en el mercado negro. Además han sido intervenidos más de 8000 cartuchos metálicos, entre otros efectos entre los que había incluso "bolígrafos-pistola".
"A nivel internacional la adquisición de las armas detonadoras con el fin de transformarlas para hacer fuego real se encuentra en auge debido a su bajo precio, ya que para la adquisición no se hace necesario estar en posesión de ningún tipo de permiso o licencia, y cuentan con la facilidad de poder ser modificadas", alerta la Guardia Civil.
PEQUEÑOS DELINCUENTES
Según el Instituto Armado, "estas circunstancias, hacen que este tipo de armas puedan ser adquiridas tanto por pequeños delincuentes, como por grupos de crimen organizado o terroristas, lo que hace que su tráfico ilícito tenga una especial incidencia en la seguridad ciudadana".
La operación en la que se vio implicado Cao de Benós ha sido bautizada con el nombre de 'Vulpes' y se extendió en 14 provincias españolas. Se ha procedido a la detención de 13 personas "pertenecientes a una organización criminal" dedicada a la adquisición y venta de armas de fuego a los que se les imputan los supuestos delitos de tenencia ilícita de armas, depósito de armas y munición y tráfico de drogas.
Los detenidos adquirían en el extranjero armas detonadoras que no cumplían los estándares europeos de seguridad que evitan la conversión de este tipo de armas en armas de fuego completamente funcionales, para posteriormente manipularlas y dotarles de la capacidad de disparar y efectuar fuego real.
Estas armas detonadoras transformadas están consideradas armas prohibidas, al ser el resultado de la modificación de sus características esenciales de fabricación, estando penada tanto su tenencia como su comercio.
EL CABECILLA EN MURCIA
El cabecilla de la organización residía en Murcia, e introducía ilegalmente las armas en el país a través de paquetes postales, las que al no estar registradas en las bases de datos nacionales podían ser desviadas al mercado negro con total impunidad. El resto de los detenidos eran compradores de estas armas prohibidas, algunos de los cuales a su vez se dedicaba a traficar con las armas que compraba de forma local.
A varios de los detenidos, además del tipo de armas anteriores, les han sido intervenidas armas prohibidas como "bolígrafos-pistola", pistolas eléctricas tipo "taser", y armas del sistema flobert que poseían ilegalmente, careciendo de las licencias necesarias para ello. También se han desarticulado dos talleres clandestinos donde se convertían las armas detonadoras en armas de fuego completamente funcionales.
Durante el registro de la vivienda de unos de los detenidos, residente en la localidad barcelonesa de Santa Perpetua de Mogoda, se ha encontrado una plantación interior de marihuana, incautando los miembros del Cuerpo un total de 20 plantas, los materiales y lo utensilios necesarios para su cultivo.
La 'operación Vulpes' se inició durante el pasado año al detectar compras de armas detonadoras en el extranjero por ciudadanos españoles, por lo que la Guardia Civil inició una investigación culminando el pasado día 14 de junio con la realización de 14 registros. Se ha decretado prisión provisional para los dos principales objetivos, y medidas cautelares para el resto.
MATERIAL INCAUTADO
Muestra del alcance de la presente operación, además de las 123 armas de fuego intervenidas, son los más de 8.000 cartuchos metálicos de diferentes calibres incautados, y las más de 350 armas adquiridas en armerías en el extranjero por parte del entramado criminal.
Esta operación es fruto de las acciones de inteligencia enmarcadas dentro del Plan Integral para el Control de las Armas de Fuego (PICAF) de la Guardia Civil que, al ser el Cuerpo que a nivel nacional tiene encomendada en exclusiva la competencia sobre el control de las armas y explosivos, ejerce un control exhaustivo sobre las mismas, haciendo un seguimiento muy estrecho de este tipo de conductas ilegales.
"Con la presente actuación, se ha impedido que el elevado número de armas incautadas llegaran al mercado negro, con las consecuencias imprevisibles y graves que ello puede traer consigo para la seguridad ciudadana, si tal cantidad de armas, hubieran llegado a manos de delincuentes", dice la Guardia Civil.
VARIAS PLACAS POLICIALES
El material incautado por la Guardia Civil incluye 120 armas cortas (pistolas y revólveres), tres armas de fuego artesanales, siete silenciadores, cuatro pistolas TASER, 8.000 cartuchos de diversos calibres (9 mm para., 9 mm PAK, 38 SPL, 380 ACP, etc.), pólvora, abundantes piezas y accesorios para armas de fuego, herramientas y manuales para la manipulación y fabricación de armas de fuego.
Los agentes también han encontrado abundante documentación y ordenadores para su posterior análisis, varias placas-insignias policiales, 20 plantas de marihuana y material necesario para el mantenimiento de este tipo de plantación.
La operación ha sido llevada a cabo por el Servicio de Información de la Guardia Civil con el apoyo de las Comandancias de Albacete, Murcia, Alicante, Almería, Córdoba, Madrid, Barcelona, Tarragona, Huesca, Málaga, A Coruña, León, Vizcaya y Zaragoza. Las investigaciones han sido dirigidas por el Juzgado de Instrucción Número Tres de Totana (Murcia).