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El tribunal del 'caso Europa' rechaza la nulidad del juicio solicitada por los abogados defensores

El Tribunal del 'caso Europa', que investiga supuestas comisiones ilegales abonadas al Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) para construir viviendas de protección oficial, ha rechazado la nulidad solicitada por todos los abogados de la defensa menos por Francisco José Benítez Cambreleng.
De esta manera, el presidente del Tribunal, José Ramón Navarro, ha justificado la no suspensión del juicio aludiendo a que las cuestiones sobre una posible vulneración de derechos fundamentales que se indicaban desde las defensas quedarán resueltas durante el proceso, aunque también han pedido la suspensión de dicho proceso porque consideraban que primeramente se debía haber celebrado el juicio del caso principal, el denominado 'caso Faycán'.
El 'caso Europa' consta de más de 7.500 folios y 41 tomos con 41 piezas, siendo una pieza separada del 'caso Faycán', que salió a la luz en marzo de 2006, que centra su investigación en la presunta corrupción del gobierno municipal del PP en Telde (Gran Canaria) y donde la principal imputada por cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas y revelación de secreto fue la ex concejala de Obras Públicas, Contratación y Vivienda y ex presidenta local del PP, María Antonia Torres, que ya ha fallecido.
Así ha comenzado el juicio por el 'caso Europa' en el que están imputados el empresario del Grupo Europa José Manuel Antón Marín, el diputado parlamentario del PP Jorge Rodríguez, el gerente de la empresa municipal de Telde, Urvitel, Juan Carlos Saavedra, así como su mujer Verónica García, el jefe de servicio de la Concejalía de Ordenación Territorial del Ayuntamiento de Telde, José Luis Mena, y el jefe de departamento de Patrimonio del citado Consistorio, Pedro Pablo Santana.
Junto a ellos también está imputado Francisco José Benítez Cambreleng, que estaba vinculado laboralmente al Grupo Europa, y que fue el que denunció los presuntos delitos que se cometieron y que finalmente también resultó imputado. Además, en este juicio ha decidido ejercer su derecho de defensa al tener la carrera de abogado, por lo que se defenderá así mismo.
En cuanto a las penas que solicita la Fiscalía están entre uno y ocho años de cárcel, de tal forma que para José Manuel Antón se le pide un total de 5 años y 6 meses de prisión; mientras que para Jorge Rodríguez un año y ocho meses de cárcel; a Juan Carlos Saavedra 6 años de prisión; a Verónica García dos años de cárcel; a José Luis Mena 8 años de cárcel; a Pedro Pablo Santana 3 años de prisión; y a Cambreleng un año cárcel.
LA CLAVE, LA CONSTRUCCIÓN DE VPO
Por su parte, el fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río, en su escrito indica que Antón creó en 2001 el Grupo Europa con el objeto social de la gestión inmobiliaria por cuenta de terceros y la promoción inmobiliaria en general. En este marco, entre 2003 y 2004 se plantea desarrollar su actividad en la isla de Gran Canaria y se marca como objetivo conseguir la promoción de una gran cantidad de viviendas de protección oficial (VPO).
El fiscal considera que esto será "clave" para acceder a los ayuntamientos de la isla, ya que sería el "gancho ideal" para los representantes políticos con los que contactaría para ofrecer la construcción de un gran número de VPO de cara a las celebraciones de elecciones. En este sentido, la Fiscalía apunta a que para lograr estos objetivos, Antón recurre al pago de comisiones.
Posteriormente, conocerá al diputado del PP Jorge Rodríguez que el fiscal considera "pieza fundamental" para que Antón desarrolle sus proyectos. En este sentido, y según la Fiscalía, Rodríguez además de su retribución económica fija mensual por tener dedicación exclusiva en su partido, habría recibido presuntamente por "ejercer su influencia en favor de Antón" cantidades por valor de 13.944 euros o 23.921,06 euros, entre otras.
Además, sería Jorge Rodríguez el que introduciría en este círculo a Antonia Torres, ya fallecida, para promocionar la gestión que quería realizar de viviendas de protección oficial (VPO), ya que era la consejera delegada y vicepresidenta de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Telde (Urvitel). Esto servirá para que Antón se haga, finalmente, con la adjudicación de un concurso convocado para la construcción de VPO pero para ello habrá varias reuniones a las que acudirá también Juan Carlos Saavedra.
Por su parte, Cambreleng trabajará para el Grupo Europa en los proyectos que iba a desarrollar la empresa en otros municipios de la isla como Mogán, Santa Brígida o Tejeda. Era el encargado de ir a las oficinas de Urvitel, entregar la oferta por la que la empresa aspiraba a la adjudicación del concurso.
PAGOS POR VALOR DE 240.000 EUROS
Así, y según el escrito del fiscal, los pagos totales que llegó a realizar el Grupo Europa en concepto de comisiones ilícitas a diversos responsables políticos y técnicos del Ayuntamiento de Telde alcanzaron los 240.000 euros, parte de estas cantidades que se intentaron justificar, entre otros, con la impartición de unos cursos a cargo de la imputada Verónica García.
Además, en 2005, con el fin de que se desbloquear la concesión de licencias de obras, Antón, de la mano de Cambreleng, abonará presuntamente a Pedro Pablo Santana y José Luis Mena 30.000 euros a cada uno, lo que hace que posteriormente Mena saque adelante las licencias. En este sentido, se apunta que Mena, entre 2003 y 2006, obtuvo unos ingresos carentes de justificación de 410.539,76 euros.
El fiscal de Anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río, destaca asimismo que el acusado Francisco José Benítez Cambreleng, antes de que el procedimiento se dirigiera contra él, colaboró "activamente" con la policía en la investigación de los hechos, presentando una "detallada denuncia, con abundantes documentos que corroboraban lo que decía", colaboración que califica de "esencial" para descubrir las actividades realizadas por lo que define como "trama" en el Grupo Europa.
Del Río ha respondido a las acusaciones que ha hecho la defensa, en la que en algún momento han aludido al caso apuntando que el "artilugio" como herramienta policial "no estuvo mal articulada". En este sentido, el fiscal ha subrayado que los hechos "se podrán compartir o no pero de artificioso no tienen nada".
Asimismo, ha subrayado que delitos como los que se juzgan en este caso suponen "una auténtica lacra" para el estado de derecho, siendo "víctima" de ello la sociedad porque se trata de "un tipo de delincuencia que no deja rastro".
En una jornada que ha durado cinco horas, y en la que apenas se ha hecho un descanso de diez minutos para que el Tribunal deliberara sobre las propuestas hechas por el fiscal y defensa para incluir en la causa, finalmente el presidente ha decidido admitir toda las pruebas documentales a excepción de dos, mientras que ha inadmitido todas las testificales entre las que se encontraba la propuesta de que declararan como testigos el presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria.
CAMBRELENG EL PRIMERO EN DECLARAR
Por otra parte, las defensas han incidido en que se altere el orden de declaraciones haciendo especial hincapié en que sea Cambreleng el primero en comenzar el interrogatorio, ya que gran parte de los letrados defensores han aludido a que no han podido tomarle declaración durante la instrucción del caso.
A este hecho, el Tribunal ha accedido, por lo que el próximo lunes, 20 de enero, será Cambreleng el que comience la declaración. Sin embargo, el imputado y denunciante del caso ha negado este hecho, asegurando que declaró a petición del abogado de Jorge Rodríguez.