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El tribunal podría dictar sentencia a partir de finales de año

El tribunal que se ha encargado de juzgar el caso Nóos podría dictar sentencia a finales de año, previsiblemente a partir de octubre o noviembre, según estiman partes personadas en el procedimiento judicial. Las magistradas, no obstante, han eludido pronunciarse al respecto.
La presidenta del tribunal, Samantha Romero, ha dado por concluida la vista oral a las 12.59 horas después de que ninguno de los acusados haya hecho uso del derecho a la última palabra. "Nada que decir", ha dicho, en su caso, la Infanta Cristina.
En concreto, la exduquesa de Palma se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel por parte del sindicato Manos Limpias, que la considera cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales en que habría incurrido su marido, Iñaki Urdangarin, en los años 2007 y 2008.
Es precisamente Urdangarin el acusado sobre el que pesan las solicitudes más elevadas de prisión: la Fiscalía Anticorrupción reclama 19 años y medio de cárcel para él mientras que Manos Limpias eleva esta petición hasta los 26 años y medio.
Al exresponsable del Instituto Nóos Diego Torres también se le solicitan altas condenas: 16 y medio por parte del Ministerio Público y 22 y medio por parte del sindicato. La mujer del empresario, Ana María Tejeiro, también acusada, se enfrenta a dos años por parte de la Fiscalía y hasta 19 y medio por parte de Manos Limpias.
Las acusaciones atribuyen a ambos exsocios haber puesto en marcha y liderado una estructura empresarial mediante la que se apoderaron de hasta 6,2 millones de euros de las Administraciones de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid. Para ello, urdieron "una maraña de facturación ficticia" a fin de desviar los fondos públicos y tributar menos a Hacienda.
También se encuentran acusados, en el caso de Baleares, el expresidente del Govern Jaume Matas -Anticorrupción solicita cinco años de cárcel para él, frente a los once que reclamaba inicialmente- y cuatro de quienes fuesen sus subordinados: el exdirector general de Deportes del Govern José Luis 'Pepote' Ballester, el exgerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía, el exasesor jurídico de esta entidad Miquel Àngel Bonet, y el exgerente de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal.
Para todos ellos, el Ministerio Público pide que se sustituya por multa las penas que reclaman para ellos. Los cinco exaltos cargos de las islas se encuentran acusados por su papel en las negociaciones para la puesta en marcha, entre otros proyectos, de los denominados Illes Balears Forum, por los que el Instituto Nóos cobró 2,3 millones de euros del total de 2,6 millones que la entidad percibió del Govern.
En el caso de los exaltos cargos valencianos, el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau se enfrenta a una petición de once años por parte de los concejales socialistas del Ayuntamiento de Valencia -personados como acusación popular-, mientras que la Fiscalía solicita ocho años para el exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat Luis Lobón; otros ocho para el exdirector general de Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) Jorge Vela, ocho más para laexdirectora de Gestión de esta entidad Elisa Maldonado, y seis años para el también exdirector general José Manuel Aguilar.
Las acusaciones consideran que el papel de todos ellos fue determinante para que de forma presuntamente irregular Nóos percibiese 1.044.000 millones de euros públicos por cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y 382.000 euros por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar.
Finalmente, reclama cinco años y tres meses para la exconsejera delegada de la Fundación Madrid 16 Mercedes Coghen, mientras que Manos Limpias solicita once años para el excontable de Nóos Marco Antonio Tejeiro y tres años para Salvador Trinxet, abogado que habría ayudado a urdir una red de evasión fiscal de los ingresos obtenidos por el entramado.
Hasta seis acusaciones han estado personadas en el juicio: la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, la de la Comunidad Autónoma balear, el sindicato Manos Limpias y el PSPV del Ayuntamiento de Valencia son las cinco acusaciones que dirigen acciones penales, mientras que la Abogacía de la Generalitat Valenciana únicamente ha ejercitado acciones civiles ante los presuntos perjuicios causados a sus arcas públicas.