La violencia contra los sindicalistas en Colombia mantiene al TLC en la cuerda floja

Durante una audiencia del Comité de Educación y Trabajo de la Cámara de Representantes, demócratas y republicanos se enzarzaron en agrias disputas sobre el impacto de la ratificación del TLC, suscrito por EE.UU. y Colombia en 2006.

Los demócratas postergaron en 2008 la votación del tratado y desde entonces arguyen que Colombia debe mostrar más logros en materia laboral y combatir la impunidad en la violencia contra los sindicatos.

Según la fiscalía colombiana, 42 sindicalistas fueron asesinados en 2008, mientras que la Escuela Nacional Sindical del país pone la cifra en 49, con un aumento del 25 por ciento respecto a 2007.

Para el presidente del comité, el demócrata George Miller, esa situación no es un tema "menor" respecto al TLC.

El director de la Escuela Nacional Sindical de Colombia, José Luciano Sanín, dijo en la audiencia que 2.694 sindicalistas han sido asesinados desde 1986, 482 de ellos bajo el mandato del actual presidente, Álvaro Uribe.

Esa cifra contradice las afirmaciones del Ejecutivo de Uribe ante la opinión pública internacional respecto a que Colombia ha superado el problema de la violencia sindical y "el Gobierno lo tiene bajo control", afirmó Sanín.

Miller indicó por su parte que, aunque ha habido progresos en el procesamiento de los homicidios, "aún quedan importantes interrogantes" por contestar y los trabajadores colombianos deben contar "con los derechos laborales básicos que debe tener" toda persona.

El demócrata Robert Andrews consideró, a su turno, que no se puede premiar la situación actual de Colombia con un TLC.

Los legisladores escucharon el testimonio de Yessika Hoyos, hija de un líder sindicalista asesinado en marzo de 2001 por dos paramilitares.

Según dijo Hoyos a los congresistas, las autoridades mantuvieron hasta agosto de 2008 que la muerte de su padre fue "un crimen pasional".

"En mi país en realidad no se quiere que se identifique a los autores intelectuales... Me he estrellado con un muro de impunidad", se quejó Hoyos, quien intervino en la investigación del asesinato de su padre.

El ex juez José Nirio Sánchez, que presidió algunos de los casos de violencia sindical en 2007, dijo que el método que usa la fiscalía colombiana para investigar "permite ver el árbol, pero no permite ver el bosque".

"El problema radica en que el fiscal o el juez toma el caso como un número más en el anaquel... no se requiere llegar hasta el fondo", señaló.

Aseguró que en Colombia se debe adoptar un método "como si se tratara de un problema sistémico", en vez de "caso por caso".

En la misma audiencia, varios republicanos salieron en defensa del TLC y del Gobierno colombiano.

El republicano Mark Souder destacó que Colombia ha registrado "un cambio increíble", se ha reducido la violencia y hay "una historia extraordinaria del desarrollo de la clase media", al tiempo que criticó los informes "sesgados" de Human Rights Watch (HRW) contra el país suramericano.

María McFarland, investigadora de HRW, habló del desplazamiento interno en Colombia y de la intimidación y violencia contra sindicalistas.

A su juicio, el Congreso de EE.UU. no debe votar el TLC hasta que el Legislativo colombiano se libre de la influencia paramilitar.

La experta dijo que EE.UU. debe presionar a Colombia para que incremente las condenas, investigue "el universo de casos" y persiga tanto a los autores intelectuales como a los paramilitares.

La embajadora de Colombia en EE.UU., Carolina Barco, estuvo en la audiencia y, aunque no dio testimonio, sí presentó una carta a Miller en la que defendió logros y medidas de su Gobierno para proteger a los sindicalistas, reformar el sistema judicial y combatir la impunidad.

Al final de la audiencia, Barco dijo a los periodistas que "lamentablemente (las cifras) han sido presentadas sin los detalles de su contexto".

El Gobierno de Bogotá adelanta una nueva ofensiva diplomática y política en Washington para que el Congreso apruebe el TLC.

Sin embargo, la Casa Blanca indicó el miércoles que las preocupaciones en torno a la situación laboral en Colombia "siguen siendo válidas".