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La prohibición de los toros costaría 300 millones a Cataluña

Un informe elaborado por el profesor de Economía de la Universidad de Barcelona (UB) Vicente Royuela estima que prohibir las corridas de toros en Cataluña costaría cerca de 300 millones de euros a la Generalitat en concepto de indemnizaciones al sector taurino.
El estudio, difundido por la Plataforma de Promoción y Difusión de la Fiesta (PPDF), de la que forma parte Royuela, señala que la administración catalana debería compensar a los organizadores de las corridas si éstas se declaran ilegales y las empresas pierden su licencia de actividad, que tiene una duración legal de 99 años.
La plaza de toros de Barcelona genera anualmente una actividad económica superior a los 4 millones de euros, que multiplicados por los 99 ejercicios que podría continuar operando bajo la ley actual, arroja el volumen que deberían alcanzar las indemnizaciones, según los cálculos expresados en el informe.
Barcelona cuenta con una de las plazas de toros con mayor aforo de España, que recibió 111.060 espectadores en 2007, según el profesor Royuela.
Si bien en el conjunto de España se celebraron en 2008 hasta 2.113 festejos taurinos, en 2007 en Cataluña sólo hubo 16 corridas, una cifra que ha ido en descenso en los últimos años, dado que en 2001 fueron 37 los festejos organizados, según datos de la PPDF.
Una corrida de toros requiere un presupuesto de entre 200 y 400 mil euros, que se reparten entre el alquiler de la plaza, los costes asociados a su apertura -taquilleros, vigilantes de seguridad, médicos y enfermeros, entre otros- el sueldo del torero y el precio de los propios toros.
Una sola res puede suponer un gasto de entre 5.000 y 10.000 euros, dependiendo de la ganadería de la que proceda, mientras que los matadores y sus ayudantes negocian su retribución en función de su poder de convocatoria.
El Parlament catalán decidirá el próximo miércoles, a partir de las diez de la mañana, si prohíbe las corridas de toros en Cataluña, tal como pide una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada por 180.000 ciudadanos.