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Huir de los chulos no es tarea fácil. La sombra de la muerte planea en todo momento y el miedo paraliza a las mujeres. Nuestro equipo de reporteros ha estado con Sara, una joven de 30 años que hace cuatro decidió escapar y denunciar a la mafia que la explotaba.

Su madre la vendió a un policía corrupto de Albania después de morir su padre y llegó a España con su hermana pensando que iba a trabajar para un abogado. No fue así. Trabajó como esclava sexual durante un año de sol a sol todos los días, excepto cuando tenía la menstruación, y no veía un euro. Se animó a colaborar con la justicia cuando su pareja le ayudó a hacerlo y le dio seguridad.

La Policía ha podido desarticular con su declaración una red de tráfico de mujeres y sus cabecillas ya están entre rejas. Sin embargo, la vida de Sara no ha podido volver a ser normal. Necesita compañía para hacer cualquier acto rutinario, sus ojos y los de su entorno vigilan su espalda y la única protección con la que cuenta es un móvil conectado a la Policía y no puede tener trabajo porque las promesas de conseguir la residencia legal en España se han esfumado. A pesar de todo, Sara sabe lo que es vivir como esclava y aconseja a todas las mujeres que viven este calvario que denuncien ante la Policía.

La ley de testigos protegidos se redactó en 1994 y no deja claras las medidas que tanto Policía como jueces pueden tomar.

Ser testigo protegido es una condición vitalicia a no ser que un magistrado decida ponerle fin. A las mujeres extranjeras que denuncian les prometen una residencia temporal en España y la ayuda para salir adelante.

Pero con el respaldo de la ley, la ayuda de la Policía ha de verse limitada a su buena voluntad.

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