El vigilante vigilado

Los locales comerciales que quieran instalar una cámara de videovigilancia tienen que acudir a una empresa de seguridad acreditada ante el Ministerio del Interior. Esta norma se incumple en miles de negocios distribuidos por toda la geografía española, en gran medida porque contratan la instalación directamente a electricistas, antenistas e informáticos que no cumplen las normas de Interior ni de Protección de Datos.

Para comprobarlo, nos hacemos con un aparato que intercepta la señal de cámaras inalámbricas que están sin protección. Es un dispositivo muy común que está al alcance de cualquiera. Desde la calle podemos ver las imágenes de lo que ocurre en tiempo real en una galería de arte, en una zapatería, en una nave industrial e incluso en una iglesia. Todas ellas estaban sin encriptar.

Cuando entramos a hablar con los responsables de estos negocios se muestran sorprendidos y preocupados. No se podían imaginar que desde el exterior es posible piratear sus cámaras, y conocer dónde se esconde la recaudación, los horarios de apertura y cierre, las rutinas del personal o la cantidad de mercancía que hay en el almacén. Se trata de un problema de instalación que prometen corregir con rapidez.

Estos comerciantes también incumplen la Ley de Protección de Datos. Aunque en muchos casos poseen un cartel que informa a sus clientes que están siendo grabados, la instalación debe garantizar su seguridad e impedir que terceros no autorizados accedan a esos datos. Como la señal de video puede ser interceptada, este punto de la norma no se cumple.

Además, estas instalaciones tienen que estar registradas en la Agencia de Protección de Datos y en la Policía. Las multas van desde los 600 hasta los 60.000 euros.