AECC pide al Secretario de Estado de Servicios Sociales un mapa de impacto de las prestaciones sociales en cáncer

Y es que, según le ha transmitido la organización durante el encuentro, se está produciendo un incremento de personas con cáncer que han caído en una situación de vulnerabilidad social (pérdida de ingresos, dificultades de reinserción laboral y para hacer frente a necesidades básicas, entre otras) a raíz del diagnóstico de la enfermedad y las carencias del sistema de protección social en estos casos.

Concretamente, el objetivo del mapa es identificar a las personas con cáncer en situación de máxima vulnerabilidad y sin respuesta efectiva para hacer frente a la cobertura de las necesidades básicas de toda la unidad de convivencia. Este análisis, al cual contribuirá la AECC, permitirá poder conocer la situación y analizarla para poder planificar posibles nuevas estrategias de protección social.

MEJORAR LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS PACIENTES

Al hilo de esta situación de vulnerabilidad, la AECC también ha solicitado la gestión coordinada, complementaria y rápida de los recursos existentes, para mejorar la protección integral de la persona tras un diagnóstico de cáncer.

Del mismo modo, la organización ha recordado al secretario de Estado la situación de la atención a personas en el final de la vida, deficitaria en la cobertura de este colectivo y en equipos multidisciplinares que presten una atención integral.

Además, le ha presentado el estudio realizado por la AECC y el Consejo General del Trabajo Social sobre las necesidades sociales de las personas con cáncer en el final de la vida y sus familias en el que, tanto pacientes y familiares como trabajadores sociales, señalan como necesidades imperiosas en esta fase del proceso de enfermedad, la agilidad en la tramitación y concesión de ayudas a través de la Ley de Dependencia y la provisión de servicios de ayuda en el domicilio, claves para facilitar el cuidado de estas personas.

Finalmente, la AECC ha solicitado establecer un mecanismo de control estatal que garantice el cumplimiento de los plazos establecidos para la tramitación y resolución de las prestaciones; una vía de urgencia en la normativa para los casos más graves con una respuesta de máximo 30 días naturales desde que se solicita hasta que se recibe el recurso; e incrementar los servicios de ayuda a domicilio.