La AEPD investiga a órganos judiciales por tirar documentos a contenedores

Tras una información emitida por Telecinco, la Agencia abrió varias investigaciones de inspección relativas a la aparición de diversos informes judiciales con datos personales en contenedores situados en la calle de distintos Juzgados de varias provincias españolas.

Dichos documentos incluían en algunos casos nombres de víctimas y agresores, informes médicos y psicológicos, diligencias originales, declaraciones de las víctimas, fotocopias de sus documentos de identidad e, incluso, sus domicilios impresos en solicitudes de órdenes de alejamiento, explica la Agencia de Protección de Datos.

Ha iniciado cinco procedimientos -contra los cuatro Juzgados y la audiencia gallega- por una presunta vulneración del deber de secreto de la Ley Orgánica de Protección de Datos, al haberse acreditado por la AEPD que los documentos se encontraban al alcance de terceros en la vía pública.

Además, se inician otros tres procedimientos de declaración de infracción a las Consejerías competentes en cada caso, de Valencia, Galicia y Andalucía, por presunta vulneración de las medidas de seguridad, al ser competentes en la dotación de los medios materiales y técnicos, y responsables de implementar las medidas de seguridad en los Juzgados.

Se ha dado traslado de tres de los expedientes a las Agencias de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid y de Cataluña -dos a Madrid y uno a Cataluña- por si procediera iniciar actuaciones contra las Consejerías de Justicia de estas comunidades.

La Agencia explica que se ha acreditado que la información hallada ha estado accesible a terceros, al haber sido obtenida por periodistas en la vía pública, por lo que los Juzgados y las Consejerías podrían enfrentarse a la declaración de infracciones graves o en algunos de los casos muy graves de la ley, al tratarse de datos sensibles.

Tanto Juzgados como Consejerías cuentan ahora con un plazo para formular alegaciones o presentar pruebas, antes de que recaiga una resolución de declaración de infracción de las administraciones públicas.