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AMPL-. La Policía impide a Greenpeace desplegar una gran pancarta contra la 'Ley Mordaza' en un hotel frente al Congreso

Tres activistas de la organización han permanecido dos horas y cuarto encaramados a la fachada
La Policía ha impedido este jueves a tres activistas de Greenpeace que se han encaramado a la fachada del Hotel Villarreal frente al Congreso de los Diputados desplegar una gran pancarta de casi 200 metros cuadrados contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana con el lema 'No a la ley mordaza'. La protesta ha tenido lugar coincidiendo con el primer debate en la Cámara Baja de la reforma impulsada por el Ministerio del Interior.
Los representantes de la organización ecologista, ataviados con vistosos monos de color naranja, han subido a la azotea del hotel --en el que habían estado alojados la pasada noche-- a las diez menos cuarto de la mañana, mientras miembros de la Plataforma 'No somos delito', la Coordinadora 'Paremos la criminalización de la protesta social' y el Foro de Abogados de Izquierdas expresaban su rechazo a la reforma en la escalinata de la Puerta de los Leones.
A este acto, cuyos protagonistas iban amordazados con unas telas azules sobre sus bocas, se han unido varios diputados de la Izquierda Plural, encabezados por el líder de IU, Cayo Lara y su portavoz de Interior, Ricardo Sixto. Después han llegado el diputado de Compromís, Joan Baldoví, y el líder de Equo, Juan López De Uralde, y se ha repetido tanto la fotografía en la escalera como los cánticos contra la futura ley.
Los tres miembros de Greenpeace --dos hombres y una mujer-- han estado vigilados en todo momento por agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), que habitualmente custodian la Cámara Baja, varios de los cuales han desfilado por la azotea del hotel a cuya barandilla se habían anclado los ecologistas.
Fuentes del Hotel Villarreal, perteneciente a la cadena Derby Hotels Collection, han detallado a Europa Press que los activistas habían reservado las dos de las habitaciones en la que han estado alojados. Al llevar a cabo su acción, nada más ser vistos por el director del hotel, este ha llamado a la policía "en el procedimiento más adecuado y correcto". Asimismo, han precisado que mantienen una "posición neutral" al respecto.
Mientras, desde Greenpeace han anunciado que habían llegado a un acuerdo para poder desplegar dos minutos la pancarta gigante, pero finalmente no ha sido así. De hecho, la parte izquierda de la misma había sido recogida desde una de las terrazas que hay bajo la cornisa en la que estaban los activistas para impedir su despliegue, el espacio desde el que un agente ha hecho un primer corte en la pancarta cuando ya había transcurrido casi una hora desde el inicio de la acción.
"Esa pancarta la vamos a bajar" y "No somos delito", gritaban mientras un pequeño grupo de contrarios a la ley que se habían concentrado en la Plaza de las Cortes, antes de ser obligados a retirarse por la Policía, que les ha trasladado hasta la esquina del Hotel Palace.
DOS CORTES EN EL PLÁSTICO AMARILLO
Unos diez minutos después, los agentes han realizado otro corte en la pancarta desde la terraza del centro de la fachada, dejando ya totalmente inutilizado el gran plástico amarillo en el que desde abajo ya sólo se leía la palabra 'No'. Al final, la Policía ha retirado la pancarta entera, que ha quedado 'detenida' dentro de un furgón.
Pero los activistas, que para entonces llevaban ya una hora y media en la cornisa todavía han permanecido en ella durante otros 45 minutos. Los tres han sido identificados por los agentes durante su estancia en la cornisa.
Desde 'No somos delito', su portavoz Alejandro Gámez ha llamado a todos los ciudadanos a movilizarse en la calle contra lo que considera una ley "profundamente antidemocrática" e incluso impugnable ante el Tribunal Constitucional. En la misma línea, Rubén Gómez de 'Paremos la criminalización de protesta social' ha tildado la reforma de "liberticida".
También Enrique de Santiago, del Foro de Abogados de Izquierdas y de IU, ha denunciado que la norma pretende "convertir la protesta en delito", mientras que López de Uralde ha acusado al Gobierno de querer "meter miedo a la sociedad civil" y ha pedido su retirada porque no hay ni "necesidad ni demanda social". "Esto se parece cada vez más a los albores del franquismo", ha sentenciado, por su parte, Joan Baldoví.