Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

AMP.Women's Link exige al Gobierno indemnizar a Ángela González, su perdón público y un centro para víctimas y sus hijos

El Ejecutivo tiene que cuantificar la indemnización y la víctima se pregunta "cuánto vale la muerte de una hija asesinada por su padre"
La ONG Women's Link Worldwide exige al Gobierno español que cumpla con la condena del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), por no proteger a Ángela González, una víctima de violencia de género, y a su hija Andrea, asesinada por el padre maltratador en una de las visitas, a indenmizarla de manera "integral" y a reparar el daño causado con el "perdón público" de algún miembro del actual Ejecutivo, así como con la creación de un centro para mujeres maltratadas y sus hijos que lleve el nombre de Andrea.
Así lo ha asegurado la abogada de esta organización Paloma Soria, durante una rueda de prensa celebrada en la sede de la Abogacía Española en Madrid, en la que también ha comparecido la propia Ángela González, quien ha asegurado que, a día de hoy, el Gobierno no se ha puesto en contacto con ella ni con la ONG tras conocerse la sentencia del Comité de la ONU. En cuanto a la indemnización, la víctima ha señalado que es un tema "secundario" para ella y se ha preguntado "cuánto vale la muerte de una hija asesinada por su padre".
Soria ha reconocido que tiene que ser el propio Gobierno el que tiene que determinar la indemnización de la víctima y ha recordado que ésta debe ser "integral y proporcional a la gravedad de la conculcación de sus derechos".
En cuanto a la reparación, esta abogada ha señalado que tiene que ser "adecuada" y ha señalado que Women's Link considera que para ello es necesario que un alto representante del Gobierno actual pida "disculpas públicas" y éstas sean publicadas en el BOE y como medida "simbólica" para esta reparación, la construcción de un centro para víctimas e hijos.
Si bien Soria ha reconocido los avances normativos de los últimos diez años en España, también ha recordado que las respuestas del Gobierno español en el caso, a medida que iba respondiendo a la demanda, era "únicamente la mención a esta normativa". "El CEDAW insiste en su sentencia que no es el marco legal sólo lo que permite acabar con la violencia de género, sino que hace falta voluntad política y el apoyo de los agentes estatales", ha aseverado.
Asimismo, piden una investigación exhaustiva e imparcial para determinar los fallos que ocasionaron la falta de protección a Ángela y su hija Andrea y cuyo resultado se haga público; medidas adecuadas para que los antecedentes de violencia doméstica sean tenidos en cuenta en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos los hijos y para que el ejercicio de estos derechos no pongan en peligro a las víctimas de violencia de género y a los menores.
"El interés superior del niño deberá prevalecer en todas las decisiones y exigimos que sea incluido en la legislación vinculante en materia de violencia de género y en el recién aprobado Estatuto de la Víctima", ha indicado la abogada de Women's Link, que también ha solicitado que los niños "sean siempre escuchados" y que se elaboren protocolos específicos de actuación en casos de violencia de género y se distribuya en todo el personal judicial, administrativo y a todas las personas que trabajen en juzgados de violencia de género.
Esta ONG pide que se pongan en marcha programas de formación obligatoria a jueces y personal funcionario y administrativo donde se analicen los estereotipos y su impacto negativo en materia de violencia de género, entre otros temas.
Soria ha señalado que, aunque se trata de una sentencia "histórica", no se conocen otras demandas similares en instancias internacionales, pese a que sigan existiendo numerosos casos como el de Ángela y su hija. No obstante, ha avisado que desde distintas organizaciones "se está mirando cada vez más al marco internacional" --Tribunal Europeo de Deerechos Humanos, al CDAW y al Comité de los Derechos del Niño-- para encontrar protección porque "lamentablemente, este tipo de demandas dentro del Estado siguen siendo invisibilizadas".
"A ESTA JUSTICIA NO LE IMPORTÓ LA MUERTE DE MI HIJA"
"Por fin puedo decir que, después de once años de búsqueda de justicia por el asesinato anunciado de mi hija, la he encontrado, lamentablemente fuera de mi país. España tuvo la ocasión y obligación de hacerlo durante ocho largos años. Todos los recursos presentados en las administraciones y tribunales fueron rechazados. Nadie vio ningún error. Yo me atrevería a decir que a esta justicia no le importó la muerte de mi hija", ha afirmado González, en su primera aparición pública ante los medios.
Esta víctima ha señalado que para ella es "muy importante" que el Comité de la ONU y la decisión 35 personas por unanimidad hayan dictaminado que España sí tiene responsabilidad en la muerte de su hija porque "prevaleció el derecho de su padre por encima de su protección".
"Espero que el Gobierno español, tras esta sentencia, se sienta obligado y cumpla con todos lo que dice el CEDAW. No me cansaré de decir que los hijos de un padre maltratador siempre los manipulará y tratará como una moneda de cambio con el único objetivo de hacer daño a su propia madre", ha aseverado.
Ángela ha indicado que más que un representante del propio Gobierno, le gustaría que fueran las trabajadoras sociales de Mejorada del Campo (Madrid) que "no hicieron correctamente sus informes" y el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, que, según ha dicho, "dictaminó que las visitas de mi hija podían hacer en un régimen abierto".
Preguntada por si aconseja a las mujeres que se encuentran actualmente en su situación a denunciar, pese que las 48 denuncias que presentó no sirvieran para evitar el asesinato de Andrea, González ha dicho que "sí" porque "a lo mejor, la justicia hace caso a las obligaciones que se le impone y se puede empezar a salir adelante".
En cuanto a la falta de apoyo que sufren muchas mujeres dentro de su propio entorno y familia, esta víctima ha indicado que la sociedad sigue siendo "muy machista" y que ella se encontró con que la familia del asesino de su hija no le prestó apoyo alguno y consideró en todo momento que debía prevalecer el derecho de éste por encima del de la niña.