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La abogacía exige aplicar sus derechos a los inmigrantes que trepan a la valla

Un grupo de inmigrantes se queda encaramado en la valla de MelillaEFE
El portavoz de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Francisco Solans, recuerda que "la valla de Melilla está construida sobre territorio español" y por tanto, "el que se sube a la valla ha entrado en España", así que le son de aplicación todas las garantías constitucionales.
En declaraciones a Europa Press, Solans se refería así a la devolución sobre la marcha a Marruecos de la treintena de migrantes que este jueves estuvieron durante horas encaramados a la parte alta del vallado, una decisión que ejecutó la Guardia Civil y que se sustenta en la teoría de que al no haber superado por completo la valla, estas personas no habían entrado en España.
"La valla está construida sobre el territorio nacional, así que, si esa persona se encuentra sobre la valla, también lo está. Hay un acuerdo entre España y Marruecos de establecer una franja no competencial, pero la valla se construyó detrás de las lindes que determinaban el territorio español teniendo en cuenta esa tierra de nadie, es decir, una vez superada ésta, dentro de territorio español. Así que, el que salta la valla ha entrado en España y el que se pone sobre ella, también", ha explicado.
El letrado considera "absurdo" entrar en la discusión de si el migrante "ha pasado un pie o el cuerpo entero a un lado u otro de la valla" y dice que en cualquier caso, este tampoco sería un criterio para ejecutar una devolución sumaria. "Ante la duda, como dice el Tribunal Constitucional, la interpretación que debe regir es siempre la más favorable a los derechos fundamentales de la persona y para una persona que parece que ha entrado, la interpretación más favorable es la de que ha entrado", sentencia el experto.
Solans se pregunta "cómo es posible que la Administración Pública después de que el Defensor del Pueblo, la Abogacía y la Fiscalía le esté diciendo que una persona cuando entra en España tiene una serie de derechos y no se le puede devolver de esa manera", sin identificación, ni acceso a la posibilidad de pedir asilo, lo siga ejecutando.
En su opinión, "mientras no haya un juez que abra diligencias penales" por las llamadas 'devoluciones en caliente' éstas seguirán llevándose a cabo, como han venido denunciando las ONG locales y se constató el pasado 6 de febrero en Ceuta, cuando el Ministerio del Interior reconoció que los 23 migrantes que consiguieron llegar a nado a la playa española de El Tarajal en un intento que costó la vida a otros 15, fueron entregados sobre la marcha a las fuerzas marroquíes.