La Abogacía del Estado se suma a la petición de nulidad de las escuchas del resto de defensas

La Abogacía del Estado ha esgrimido esa posible nulidad en su contestación a los recursos de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante planteados por las defensas de los imputados contra un auto del instructor, el juez Juan Carlos Cerón, fechado el pasado mes de noviembre, en el que se denegaba dicha solicitud.

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Alicante consideraba ese planteamiento extemporáneo, puesto que el momento procesal oportuno para debatir sobre dicha posible nulidad es el juicio oral y el órgano competente para apreciarla o rechazarla es el que deba celebrar la vista y dictar sentencia en su día.

En el mismo sentido se han pronunciado a lo largo de los últimos años un tribunal de la Audiencia Provincial con sede en Elche y otra sala de Alicante, así como el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), con motivo de diversos recursos de imputados en el sumario principal del 'caso Brugal' -que se refiere al Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja y que tramita una juez de Orihuela- o en alguna de sus ramificaciones, como la relativa al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.

En cuanto a la pieza separada donde se indaga el Plan Rabasa y la instalación de una tienda de la multinacional Ikea en Alicante, el magistrado Juan Carlos Cerón citaba esa jurisprudencia en su auto de noviembre pasado para rechazar las pretensiones de los abogados defensores, quienes han apelado no obstante contra esa negativa ante la Audiencia Provincial.

La Abogacía del Estado representa en esta causa a dos ex altos cargos del Ministerio de Fomento denunciados por EU junto a la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo, el constructor Enrique Ortiz, el gerente de Urbanismo del Ayuntamiento, Enrique Sanus, y los técnicos municipales Isabel Campos y José Luis Ortuño, entre otros.

En sus alegaciones sobre los recursos de apelación planteados por las defensas, la Abogacía del Estado reitera asimismo una petición suya anterior para que se archive la causa respecto al que fuera director de la Unidad de Carreteras del Ministerio de Fomento en la provincia de Alicante, Enrique Peiró, y el director general de Carreteras del Gobierno central anterior, Javier Criado, según las fuentes consultadas.

UN EXCULPADO Y UN IMPUTADO

El fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, ya se ha pronunciado en el sentido de que Peiró debe ser citado a declarar en calidad de imputado. En cambio, el Ministerio Público sí se ha mostrado partidario del sobreseimiento de las actuaciones para Criado.

La acusación particular que ejerce en esta causa EU, por su parte, ha solicitado que la investigación siga abierta contra ambos denunciados. Mientras tanto, el juez Cerón, que no ha resuelto aún sobre los ex altos cargos de Fomento, mantiene inalterable el calendario de comparecencia de imputados que fijó hace varias semanas.

Una vez que interrogó a la ex primera edil Sonia Castedo el pasado día 16 como presunta autora de delitos de tráfico de influencias y prevaricación, hará lo propio el próximo jueves, día 29, con Sanus y la jefa del servicio jurídico de la Concejalía de Urbanismo, Isabel Campos.

Para el viernes está prevista la declaración del constructor Enrique Ortiz, mientras que el máximo responsable de los técnicos de Urbanismo, José Luis Ortuño, y una técnica de la Generalitat comparecerán ante el instructor el 6 de febrero, esta última en calidad de testigo.

La denuncia original de EU por estos hechos también se dirigía contra el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi y la ex secretaria autonómica de la Conselleria de Medio Ambiente María Ángeles Ureña, que actualmente preside la Confederación Hidrográfica del Júcar. Sin embargo, el titular del Juzgado de Instrucción 6 de Alicante sobreseyó provisionalmente las actuaciones con respecto a ambos el pasado año.