Alonso confirma que España no llegará a tiempo para trasponer la directiva europea del Tabaco

Por un lado, ha explicado en una entrevista en Radio Nacional, recogida por Europa Press, que hay una disposición reglamentaria que se está tramitando, un Real Decreto" y que espera que llegue al Consejo de Estado, aunque no será en la próxima semana; por otro lado, ha añadido que hay algunos aspectos de la directiva que necesitan "un cambio legal que requieren que haya Parlamento, y como no hay va a ser difícil poder hacer la trasposición".

El próximo viernes España debería haber traspuesto la directiva europea que fija las nuevas normas sobre los productos del tabaco, sin embargo fuentes del Ministerio de Sanidad consultadas por Europa Press han confirmado que "se trabaja para que esté listo lo antes posible", aunque "requiere cambios legislativos que no se pueden abordar ahora" al no tener competencia el Gobierno.

La Directiva endurece las normas relativas a la manera de fabricar, producir y presentar en la UE este tipo de productos -cigarrillos, tabaco de liar, tabaco de pipa, puros, puritos, tabaco de uso oral, cigarrillos electrónicos y productos a base de hierbas para fumar- e introduce normas aplicables a determinados productos relacionadas con el tabaco.

Consultado el ministerio sobre los trámites, explican a Europa Press que "está siendo un trabajo muy complejo, con la dificultad añadida, en esta última etapa, de las limitaciones que tiene un Gobierno en funciones, ya que la trasposición requiere cambios legislativos que no se pueden abordar ahora". Actualmente, añade la misma fuente, están tramitando un Real Decreto por el que se trasponen los aspectos que no conllevan cambios en la Ley.

"La directiva se va a trasponer al ordenamiento jurídico español con rango de RD, cuyo proyecto ya ha pasado por trámite de audiencia pública. Revisadas todas las propuestas de los diferentes agentes (Administración general y autonómica, sociedades científicas e industría, etc) que han sido recibidas hasta diciembre de 2015, se han incorporado al proyecto y se continúa con su tramitación", señala el portavoz de Sanidad.

Mientras continúan estos trámites, Alonso ha recordado que, al igual que en el resto de países europeos, "se va a dar naturalmente cumplimiento" a lo que respecta el endurecimiento en la venta de tabaco, publicidad y advertencias en las cajetillas.

Desde Sanidad recuerdan que hay aspectos de la normativa europea, que son los que afectan al etiquetado y envasado, que se trasponen automáticamente. A partir de ahora, la advertencias ocuparan el 65% de la superficie de los envases (ahora el 40%), y no en la parte inferior (como ahora), si no en la superior.

¿PODRÍA ESPAÑA APROBAR LA CAJETILLA GENÉRICA?

Respecto a la posibilidad de incluir la cajetilla genérica en la normativa que tramite España, como solicitan desde el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) y la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), Alonso ha admitido que "tiene su sentido", sin embargo entiende que la disposición europea no ha llegado a ese punto pero "endurece" las advertencias sanitarias.

Así, en lo que respecta al aumento de las advertencias en las cajetillas de tabaco y picadura de liar, aunque la directiva no está traspuesta al ordenamiento jurídico nacional, estos artículos por jurisprudencia europea son de aplicación automática. Por lo que desde el viernes es de obligado cumplimiento que incluyan las nuevas advertencias sanitarias y pictogramas.

Sin embargo, no ocurrirá lo mismo con el tabaco de pipa, puros y puritos que se seguirán fabricando de la misma manera a falta de la trasposición. En estos casos, Sanidad recuerda a Europa Press que "el proyecto que se está tramitando contempla una ampliación del periodo tanto de fabricación como de comercialización con el etiquetado de acuerdo a los dispuesto en el mencionado RD hasta de tres meses, con el fin de facilitar la adaptación del etiquetado y empaquetado al nuevo ordenamiento".

El 20 de mayo de 2017 ya no puede haber cajetillas con el actual diseño; en 2019 se introduce de obligado cumplimiento unos códigos de trazabilidad en cajetillas de cigarrillos y picadura de liar y para puritos y picadura de pipa el 20 de mayo del 2024. En cuanto a la prohibición de los productos mentolados entraría en prohibición partir del 20 de mayo del 2020.

Al respecto, desde Sanidad señalan a Europa Press que "el empaquetado genérico es otra opción que se habrá de estudiar en el futuro, tanto en España como en otros países europeos". No obstante, recuerdan que la Directiva permite a los Estados miembros introducir el empaquetado genérico.

Tomar esa decisión no ha sido fácil para el Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE), que en febrero del 2014 aprobaba la directiva tras un intenso debate sobre la idoneidad de adoptar el empaquetado genérico o, como finalmente ha ocurrido, aumentar la visibilidad de las advertencias sanitarias.

¿SE EXPONE ESPAÑA A UNA SANCIÓN?

"Se está en contacto con todos los Estados miembros para verificar la situación, también con España", explica a Europa Press el portavoz de Salud de la Comisión Europea, Enrico Brivio, quien añade que "en caso de falta de la transposición puede abrirse procedimiento de infracción a los Estados que no hayan cumplido con el plazo".

Sin embargo, fuentes europeas consultadas por Europa Press, afirman que, aunque el procedimiento podría hacerse el día después de finalizar plazo, en la práctica esto no ocurre de manera automática. Así, hablan de la posibilidad de conceder un "periodo de tolerancia", en especial a los países que, como España, trabajan en la transposición.

Lo cierto es que el Gobierno podría haber traspuesto la directiva desde su entrada en vigor en 2014, sin embargo en estos dos años no se ha terminado de concretar. España no es el único país en esta situación. Según el portavoz de la Comisión, en este momento, "el número de notificaciones oficiales de transposición son ocho", aunque saben que muchos países están en proceso.

Los países que no la han traspuesto se exponen a que la Comisión les solicite observaciones sobre el problema del incumplimiento en un plazo máximo de dos meses; si la respuesta es insatisfactoria, se da dos meses más al país para ajustarse a la directiva. El siguiente paso es un procedimiento contencioso, aunque rara vez se llega tan lejos.

En los últimos años, más del 85% de los asuntos se solucionaron antes de la fase contenciosa. Finalmente, la Comisión puede solicitar al Tribunal de Justicia que imponga el pago de una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva, esto puede tardar hasta dos años.