Amnistía Internacional denuncia violaciones de derechos humanos en centros de menores

En el informe , en los que ingresan por trastorno de conducta o por encontrarse en situación de dificultad social, y realiza una investigación centrada en tres comunidades: Andalucía, Cataluña y Madrid, donde se encuentran el 55 % de ellos. "Si vuelvo, ¡me mato!",

"Los menores que ingresan en esos centros están totalmente indefensos, porque nadie sabe cuántos son y cuántos centros existen y las administraciones y las entidades privadas que los gestionan dificultan que se lleve a cabo esas investigaciones independientes", ha dicho el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán.

Sara Caras, una de las menores que estuvo ingresada en el centro malagueño "Dulce Nombre de María", cuenta en el informe que en el centro donde ingresó a los 15 años procedente de un centro de protección, en el que había vivido desde que a su madre le retiraran su custodia.

"Me daban continuamente tranquilizantes, ingresé en celdas de castigo, me ataban a la cama, me ponían esparadrapo en la boca para que no gritara, me pegaban puñetazos y a veces me despertaba sentada en un silla, a la que había estado atada durante doce horas", ha dicho Sara, quien ha explicado que nunca iba al colegio. Según la joven, esta actitud la mantenían todos los educadores del centro y ha lamentado "no haber conocido nunca a nadie que se sentara a escucharnos o a darnos consejos".

Su abogado, José Antonio Bosh, ha destacado la paradoja de que la mayoría de estas niñas son trasladadas a estos centros "porque las madres o las familias no pueden atenderles" y cuando cumplen los 18 años "devuelven a los niños, sin estudios y sin redes sociales, totalmente indefensos".

Indefensión administrativa

"Los Estados tienen la obligación de velar por el desarrollo integral del menor, ayudar a sus familias para que salgan de la exclusión y puedan recuperar a sus hijos", ha señalado el abogado, quien ha lamentado la indefensión legal en la que se encuentran los menores y sus familias frente a las decisiones administrativas. Amnistía ha recordado que el Defensor del Pueblo, en su último informe, y varios defensores autonómicos han denunciado estas situaciones, "pero las administraciones no lo han tenido en cuenta y no han hecho prácticamente nada".

Por ello, ha anunciado que habrá movilizaciones, sobre todo en las tres comunidades analizadas, "para exigir que estos menores tengan la protección que se merecen". De los 58 centros conocidos, tres son de gestión pública y el resto privada, ha señalado la organización.

Amnistía Internacional reclama que el Gobierno elabore junto con las Comunidades Autónomas protocolos para contar, controlar y supervisar todos los centros CGS

de protección terapéuticos, y que se reforme la Ley del Menor para que sea necesaria la supervisión judicial de los menores que estén siendo intervenidos por la administración.