Amnistía y 14 ONG señalan "la impunidad" y la "falta de rendición de cuentas" por las muertes de El Tarajal (Ceuta)

En un comunicado que suscriben otras 14 entidades, entre las que figura la Coordinadora de Barrios, que apeló el sobreseimiento de la causa que se instruía en un juzgado de Ceuta, afirma que "las autoridades responsables deben adoptar medidas urgentes para garantizar la verdad, justicia y reparación a los familiares de las víctimas y evitar que estos hechos tan graves se vuelvan a repetir y queden impunes ante la justicia".

"Dos años después, no se ha producido una investigación inmediata, exhaustiva y efectiva sobre el uso excesivo e innecesario de la fuerza y de material antidisturbios por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La única investigación celebrada hasta la fecha ha dependido del impulso de varias organizaciones sociales, que presentaron una denuncia para que se esclarecieran los hechos", afirman las entidades.

A su juicio, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta que ordenó en octubre de 2015 el sobreseimiento provisional y archivo de actuaciones abiertas por delitos de homicidio y lesiones imprudentes, "no recabó información sobre el caso, incluidas las identidades de los agentes que participaron en la operación, hasta meses después de los hechos, cuando varias organizaciones no gubernamentales emprendieron la causa judicial sobre su inacción".

"Tampoco se ha tenido en cuenta el informe pericial presentado por las ONG que afirmaba que las autopsias realizadas a los cinco cadáveres recuperados en España presentaban defectos tales como la ausencia de pruebas toxicológicas", señalan.

Apuntan además que "las autoridades españolas tampoco han atendido las necesidades de los familiares de las víctimas, que todavía a día de hoy siguen esperando poder identificarlas". "Las familias no solo reclaman verdad, justicia, y reparación, sino que además exigen que todos los cadáveres sean identificados", exponen las entidades.

Por otro lado, recuerdan que son varios los organismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que han recomendado a España revisar la Ley Seguridad Ciudadana que incorporó una previsión expresa para legalizar la devolución sobre la marcha de los migrantes interceptados en el salto de las vallas de Ceuta y Melilla.

Esa modificación legislativa se acometió cuando se estaba instruyendo el caso Tarajal en Ceuta, en el que también se investigaba la entrega sobre la marcha a Marruecos a través de la valla fronteriza en el espigón de El Tarajal de las 23 personas que aquella mañana consiguieron alcanzar a nado la costa española.

"Este episodio se une a otros incidentes denunciados por diversas ONG ocurridos en la frontera entre las ciudades de Ceuta y Melilla con Marruecos, en las que no sólo se han producido expulsiones sumarias e ilegales, violando por lo tanto estándares de normativa internacional de los derechos humanos y de la Unión Europea, sino también uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de la Guardia Civil y de los miembros de las Fuerzas Auxiliares Marroquíes", denuncian las organizaciones.

Para Amnistía y entidades como CEAR o Red Acoge, "la tragedia de la playa del Tarajal es un ejemplo más de las consecuencias del endurecimiento de las políticas migratorias en la frontera sur española", que tiene otras consecuencias como "la falta real de posibilidades de acceder de manera segura a la frontera española para poder solicitar protección internacional para personas de origen subsahariano", lo que "les obliga a intentar saltos muy peligrosos".