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Amnistía denuncia que el sistema de asilo en España lleva a la indigencia

Amnistía Internacional ha presentado este martes 31 de mayo un informe en el que concluye que el sistema de asilo en España es arbitrario, discriminatorio e ineficaz, se basa en una ley que está obsoleta y "a medio plazo, lleva a la indigencia". "El sistema no se sostiene incluso con la llegada limitada actual de refugiados", asegura.
El trabajo, 'El asilo en España: un sistema poco acogedor', se ha realizado a partir de 80 entrevistas con solicitantes de protección internacional, visitas a centros de acogida y consultas con autoridades y organizaciones especializadas, según han explicado el director de la Sección Española de AI, Esteban Beltrán, y la investigadora Virginia Álvarez.
"El sistema de acogida es ineficaz, está obsoleto, es discriminatorio y lleva a medio plazo a las personas refugiadas a la indigencia sin tener si quiera un numero alto con el que lidiar", ha asegurado Beltrán, para incidir en que las cifras de asilo en España son "vergonzosas" pues en 2015 "sólo 1.020 personas recibieron algún tipo de protección cuando había una lista de espera de más de 16.400 expedientes".
El informe acusa un "colapso" de la Oficina de Asilo y Refugio y señala entre sus causas "falta de previsión" y presupuestos deficientes tanto para la gestión en sí de las peticiones de asilo como para la integración y emancipación de los solicitantes de asilo. También indica la existencia de un "criterio de prudencia" que no está amparado por las normativas internacionales y por las que se dejan en espera las peticiones de determinadas nacionalidades esperando a que la situación en su país mejore. En ese tiempo, agotan la protección.
El resultado, conforme ha señalado Álvarez, son casos como el de Amira, activista que tuvo que huir de Libia y que lleva dos años y dos meses en España sin que se haya resuelto aún su petición de asilo y sin que goce ya de ningún tipo de protección. Marian es otra de las personas que presta su testimonio en el informe: es solicitante de asilo, tiene igual que Amira la petición admitida a tramite y "ahora duerme en un sitio para personas sin hogar, está en situación de indigencia".
Según ha explicado, aunque la directiva europea al respecto impone la obligación de asistir a los solicitantes de asilo, la ayuda está prevista para 18 meses al cabo de los cuales la petición puede seguir en estudio y sin embargo, "no hay nada más", sólo quedan los servicios sociales, que no están preparados para estas problemáticas específicas. "Cumplir las obligaciones internacionales no es ayudar al principio y dejarles después en una situación de completa indefensión y vulnerabilidad", afirma.
Para Beltrán "lo que se requiere es voluntad política y cumplir con las obligaciones internacionales" porque "el sistema de asilo no se sostiene incluso con una llegada limitada de refugiados" como la actual. "No se trae a los solicitantes de asilo que se tienen que traer y los que llegan aquí, tampoco se quedan. El elemento común es que a medio o largo plazo, estarán en la calle o tendrán que irse. O cambias el sistema de acogida o todo esto de traer personas a cuentagotas no será valido", ha sentenciado.
Se refiere a los 1.400 refugiados que España se ha comprometido a traer desde los países limítrofes a Siria y a los más de 16.000 que deberían llegar hasta septiembre de 2017 desde Grecia e Italia pero también a los 14.800 que llegaron por sus propios medios y pidieron asilo entre 2008 y 2014 y que según afirma Beltrán, "no se han quedado en España" por esa situación en la que denuncia, se encuentra el sistema. "Actualmente no hay una política de refugiados que tenga tal nombre, salvo la de que no vengan", ha sentenciado.
"EL LIMBO" DE MELILLA
La reforma que pide Amnistía es integral, desde el acceso al procedimiento hasta la resolución del mismo. El informe ilustra la situación en primera acogida con testimonios como el de Latifa, una marroquí de 48 años que estuvo un mes viviendo en una tienda de campaña con su hija de 12 años y su hijo de 8 a las puertas del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, del que fue expulsada. Lo mismo sucedió con Fatima, marroquí viuda de ciudadano sirios y expulsada con su hijo de 10 años. "Comemos de la caridad", contaba.
Según la organización, este tipo de casos se deben a que en España "la nacionalidad es una cuestión de privilegio" pues las hay con mayores dificultades para que se admita a trámite su petición de asilo y si están en Melilla, para que sean trasladadas a la Península, algo que los sirios consiguen con mayor agilidad. El resto, conforme denuncia Amnistía, se quedan en "un limbo" pues aunque su permiso de solicitantes de asilo les autoriza a residir en todo el territorio español, en la práctica no se les permite viajar libremente a la Península.
"El sistema no puede seguir así. El Gobierno en funciones tiene que elaborar un plan integral de acogida que recoja medidas concretas para garantizar la acogida e integración y refleje la implicación de las administraciones", ha destacado Beltrán, para incidir no obstante en que hacen falta medidas a largo plazo, por lo que "no vale la foto a pie de avión" con los refugiados, sino un nuevo Parlamento y un nuevo Gobierno comprometidos que evalúen y reformen en profundidad el sistema de acogida e integración.