Andalucía cree que ampliar concesiones en la Ley de Costas supone "la práctica consolidación de una situación irregular"

El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Luis Planas, ha ofrecido su valoración sobre el proyecto sobre la reforma de la Ley de Costas aprobado por el Gobierno central, indicando al respecto que la ampliación prevista de los plazos máximos de las concesiones hasta 75 años supondrá, a su juicio, "la práctica consolidación de una situación irregular 'de facto'".

En declaraciones a los periodistas, Planas ha subrayado, ante todo, su "perplejidad" por el hecho de que no haya existido diálogo entre la administración estatal y las comunidades autónomas con gestión de litoral y costas.

Y es que, ha indicado, partiendo de la base de que el dominio público marítimo y terrestre es responsabilidad del Estado, "hay suficientes elementos" para que se produzca un consenso entre administraciones; en el caso de Andalucía, la región gestiona 1.100 kilómetros costeros que concentran el 40 por ciento de la población y donde en los últimos 50 años se ha producido un crecimiento de la superficie construida del 7 al 40 por ciento en los primeros 500 metros.

Por otro lado, ha expresado su preocupación por el "elemento regresivo" introducido como consecuencia de la disminución de la protección del dominio público marítimo y terrestre que se esboza en este proyecto de ley, tratándose de una regulación "menos rigurosa y firme".

En lo tocante a las concesiones, la ampliación a 75 años, sumada a los 30 años de vigencia de la Ley de Costas, suman un total de 105 años, "varias generaciones y una cuasi consolidación de la situación de edificios, viviendas y locales situados en una zona que no es apta para ello".

Al respecto, Planas ha apuntado a la labor de "un poderoso 'lobby', con presencia en la Comisión y el Parlamento europeos, que ha abogado por una solución de este tipo". Ha añadido que, si bien es cierto que la seguridad jurídica es un factor a tener en cuenta, también lo es el "derecho al medio ambiente y a la protección de los ciudadanos".

Por lo demás, el consejero sí ha valorado positivamente la ampliación de las concesiones de los chiringuitos de uno a cuatro años, la publicación de deslindes para el conocimiento general y que el Estado pueda instar a la nulidad de licencias que estén infringiendo el dominio público.

EL 16% DE MUNICIPIOS COSTEROS ADAPTA SUS PGOUS A LA NORMATIVA

Por otro lado, Planas ha explicado en el Parlamento andaluz que hasta la fecha se han elaborado 14 Planes subregionales de ordenación del territorio para el litoral, de los cuales 13 ya están aprobados y tan sólo uno de ellos, la aglomeración urbana de Huelva, se encuentra en tramitación. Ha afirmado que el objetivo de su departamento es contar con un diagnóstico exacto de la situación del litoral, a partir del cual aplicar las medidas normativas necesarias dentro de las competencias de la Consejería.

Durante su intervención, el titular de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha indicado que estos documentos son instrumentos de planeamiento que se han ido elaborando a lo largo de más de una década, por lo que necesitan ser actualizados y coordinados en sus contenidos básicos. En la actualidad, la Junta está analizando su incidencia real en el territorio y a qué municipios afectan.

Planas ha querido hacer hincapié en que, tal y como anunció al comienzo de la legislatura, se está trabajando en la revisión de todos aquellos planes urbanísticos que habían sido aprobados con anterioridad a la entrada en vigor del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).

Actualmente, diez de los 62 municipios del litoral han llevado a cabo esta adaptación, lo que significa el 16 por ciento de las localidades; en términos de población, esta cifra se eleva hasta el 42 por ciento del litoral.

Por último, el consejero ha recalcado que se trata de una cuestión de interés general, como es "garantizar la sostenibilidad del futuro desarrollo urbano, siempre con el máximo respeto a la autonomía municipal y a la competencia de los ayuntamientos respecto del planeamiento urbanístico y la clasificación del suelo".