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Andalucía reitera su rechazo al nuevo copago farmacéutico "totalmente injusto" y estudiará cómo "equilibrar" la medida

La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha reiterado el rechazo del Gobierno andaluz al nuevo copago farmacéutico de algunos fármacos de dispensación hospitalaria que entrará en vigor el próximo 1 de octubre, el cual tilda de "totalmente injusto" y "gravísimo" por afectar directamente "a las personas más vulnerables y con menor renta", a las que se puede "disuadir de recibir un tratamiento que es vital". Por ello, la Junta va a estudiar el coste de la medida y "cómo abordarla para equilibrarla de alguna manera".
En declaraciones a los periodistas en Cádiz, la consejera ha censurado que el Gobierno central haya tomado una decisión "tan importante" sin hablarlo antes con las comunidades autónomas --recuerda que la Junta ha sabido de este asunto "por el BOE"--, máxime cuando el Ejecutivo es consciente de que cuando adopta una medida de este tipo "cae a las espaldas de las comunidades, ya que la gente está desesperada y acude a la primera puerta que encuentra", que, según dice, suelen ser los ayuntamientos y los gobiernos regionales.
Argumenta que el Gobierno andaluz está "muy preocupado" con esta situación porque supone que "la equidad se va a romper". Razona que no se trata de medicamentos como un antiinflamatorio o un antiácido, sino de fármacos que son "absolutamente imprescindibles en muchos casos para la vida de las personas". Incide en que afecta, principalmente, a enfermos de cáncer o a personas con enfermedades infecciosas a las que la ausencia de tratamiento "pude costarles la vida".
Añade que los principales afectados son enfermos que suelen tener también otros tratamientos asociados que "ya están copagando en la farmacia", con lo que "al final puede haber gente que no pueda afrontar este tipo de tratamientos".
Por todo ello, explica la consejera que, en primer lugar, la Junta pide a la ministra del ramo, Ana Mato, que "retire la medida". En segundo lugar, su Consejería estudiará qué repercusión económica puede tener para los pacientes y también el coste que va a suponer para la Junta el control de ese sistema de copago, que según las primeras estimaciones puede alcanzar la "barbaridad" de nueve millones de euros.