Andoc asegura que "dentro de un proceso de salud irreversible, hay que preservar la dignidad de las personas

La Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (Andoc) ha asegurado este miércoles que "dentro de un proceso de salud irreversible, hay que preservar la dignidad de las personas", después de que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía haya mediado ante el personal médico del Hospital Blanca Paloma de Huelva para quitar la sonda nasogástrica que le pusieron a una mujer de 90 años el pasado 4 de agosto en aplicación de la Ley de Muerte de Digna, después de sufrir el 26 de julio un infarto cerebral que "se había convertido en un proceso irreversible".

Según ha informado a Europa Press el responsable de Comunicación de la asociación, Juan Manuel Molina, "hoy día existen tecnologías perfectamente desarrolladas que evitan el sufrimiento sin necesidad de acortar la vida de una persona".

En este sentido, Molina ha asegurado que serían partidarios de esta ley "si se le dotara de presupuesto económico para que se le ofreciera al enfermo cuidados paliativos y no un acortamiento directo".

Tras la mediación de la Junta en el proceso, el responsable de comunicación de Andoc ha hecho hincapié en que "ninguna administración ni ningún familiar debe interpretar las leyes porque para eso están los jueces", por lo que ha puesto en duda "la honestidad de la decisión tomada por la Junta y que no sea por motivos más allá de los económicos".

Del mismo modo, ha aseverado que "con la excusa de la dignidad de las personas se busca la rentabilidad de la cama en el centro hospitalario", a lo que ha añadido que "se hace una interpretación muy interesada de la ley para aprovecharse de las plazas hospitalarias pero con total desprecio a la vida de las personas".

JUNTA: LA LEY SE APLICA "CON NORMALIDAD"

Por su parte, la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha afirmado este miércoles que la Ley de Muerte Digna andaluza se está aplicando "con total normalidad en todos los centros sanitarios", al tiempo que ha destacado que siempre, si alguna persona entiende que no se respetan sus derechos o que tiene cualquier dificultad, tiene a su disposición todos los mecanismos para poder reclamarlos y entre ellos dirigirse a la propia administración sanitaria.

Según ha informado Montero en rueda de prensa, en el caso de la enferma del hospital onubense Blanca Paloma al que los familiares solicitaban retirar una sonda nasogástrica a una mujer de 90 años que había sufrido un infarto cerebral no se ha producido "una orden, sino un contacto con el centro hospitalario".

De manera que la consejera ha recalcado que, una vez que se tuvo conocimiento de que la familia de la mujer a la que el pasado 4 de agosto se le puso la sonda se había dirigido con un escrito a la propia dirección del centro, desde la Consejería se procedió a hablar con el hospital. Así, la persona tiene derecho a que se respete su voluntad, debido a que el rechazo del tratamiento está "perfectamente" contemplado en la Ley de Muerte Digna de Andalucía.

Según ha explicado a Europa Press, el hijo de esta enferma, José Ramón Páez, su madre le hizo "prometer antes de sufrir el infarto que no dejaría que le pusieran sondas". "Yo lo que he hecho ha sido cumplir su voluntad porque ella ha vivido muy feliz y desde que se partió la cadera hace unos meses no quería pisar un hospital", ha concluido.